Cuando cumplen 18 años, se abre un periodo difícil para los menores que hasta el momento estaban bajo la tutela de la Administración. Estos jóvenes fueron apartados de sus padres por haber sido víctimas de desprotección, negligencia o abusos. Al convertirse en mayores de edad, ya no pueden seguir en los centros de acogida pero tampoco están preparados para comenzar a andar solos por la vida.

El Govern trata de ayudarles en este proceso de aterrizaje en el mundo adulto de diferentes maneras: con una renta; un techo; un programa de acompañamiento y/o un programa especial de búsqueda de empleo. Desde agosto de 2016, la conselleria de Servicios Sociales ya ha concedido la renta de emancipación (430 euros al mes) a 116 jóvenes de entre 18 y 25 años. La partida presupuestaria es de unos 50.000 euros.

Balears y Galicia son las dos únicas comunidades autónomas que prolongan los apoyos a estos jóvenes extutelados hasta los 25 (el resto corta las ayudas a los 21 años). Aunque se alarga la edad de los posibles beneficiarios, la mayoría tienen 18 años, lo cual es un buen indicador: la idea es que según vayan consiguiendo trabajo y vivienda, vayan renunciando a estos apoyos. De hecho, en verano Servicios Sociales notó un importante descenso en el cobro de las rentas ya que muchos consiguieron un trabajo. Durante esos meses, suspenden la renta.

Hasta ahora, los programas de emancipación se basaban en un sistema de subvenciones entre el Consell y Govern a las entidades. La consellera Fina Santiago defiende que el nuevo sistema directo es más garantista y blinda cierta estabilidad. Durante el anterior Pacto de Progreso, Santiago ya legisló en este sentido y se llegó a conceder la renta a una treintena de jóvenes, pero justo después hubo el cambio de Govern y el equipo de José Ramón Bauzá derogó el plan y los chavales nunca llegaron a cobrarla.

Las plazas de alojamiento son otro de los pilares de esta estructura. Los menores que estaban en centros de acogida cuando cumplen 18 años deben abandonarlos, y si no tienen dónde ir pueden acabar volviendo con la familia de la que fueron apartados. Para evitarlo, se les ofrecen plazas en alojamientos concertados (pisos o centros) o en viviendas propias del Govern (en Mallorca se alquilan al Ibavi). Actualmente, Servicios Sociales tiene concertadas 52 plazas y ofrece otras 12 plazas propias. De los usuarios, casi todos tienen 18 o 19 años. El mayor tiene 22 años.

El servicio de acompañamiento es otra de las claves del sistema de apoyo y llega a unos 140 jóvenes, que en su tránsito a la vida adulta reciben ayuda de educadores sociales, que les acompañan a realizar trámites administrativos o les asesoran en la búsqueda de empleo o si quieren formarse.

Para cobrar la renta o estar en los pisos, los jóvenes tienen que seguir un programa: estar trabajando, en búsqueda activa de empleo o siguiendo algún tipo de formación. "Tenemos dos o tres casos de chavales que están estudiando en la universidad, algunos fuera de Balears", indica Santiago.

Para estimular la búsqueda de empleo, Servicios Sociales está en conversaciones con el SOIB para crear un código especial para estos jóvenes; han firmado convenidos con la Federación Hotelera y la Pimem y negocian acuerdos con empresas concretas.

Entre el plan de vivienda, alojamiento y acompañamiento, Servicios Sociales calcula que está llegando a entre 130 y 140 jóvenes extutelados.

Este servicio también existe de forma paralela (aunque más reducido: son siete casos) para los chicos con medidas judiciales que salen de Es Pinaret o Es Fusteret con 18 años y cuya vuelta a casa sería perjudicial.