El Ayuntamiento de Palma acusa de insubordinación al que fuera jefe de la Policía Local,Antoni Morey, que se encuentra expedientado y suspendido de empleo y sueldo. Una medida que se adoptó después de que el mando policial tomara partido a favor de los policías investigados por corrupción y, por tanto, en contra del juez Penalva.

Morey ha llevado a los tribunales la decisión del Ayuntamiento de Palma de expedientarle y ha intentado que el juez de lo contencioso adopte la medida cautelar de declarar nula dicha tramitación. El magistrado rechaza esta medida cautelar, pero todavía no ha entrado en el fondo de la demanda, por lo que todavía cabe la posibilidad de que pueda darle la razón al funcionario de Cort.

Según el auto que dicta el juez, el Ayuntamiento de Palma aplica un expediente de responsabilidad disciplinaria contra el que fuera, aunque por poco tiempo, el máximo responsable de la Policía Local. Le acusa, además de insubordinación, de abandono del servicio y de violación del secreto profesional. El que fuera alto funcionario del Consistorio niega todas estas acusaciones y lo que pretende con esta demanda es que el juez dicte una resolución que le exculpe de todas estas graves acusaciones y, por tanto, que se anule la sanción disciplinaria que le aplican.

A Morey le costó el cargo un escrito que publicó en su muro de Facebook, en el que cargó con dureza contra el trabajo que estaba realizando el juez Penalva. Una carta que se escribió en un momento en el que la causa estaba bajo secreto y, por tanto, se desconocía los graves delitos de corrupción que se atribuían a determinados agentes y mandos de la Policía Local de Palma. "No dudéis que algún día, más pronto que tarde, se desvelará todo, y no es una amenaza, aunque la consideración del juzgado de instrucción número 12 me la trae floja", escribió. Esta falta de respeto que mostró el entonces jefe de la Policía Local hacia el juez Penalva fue una de las razones por las que el Ayuntamiento decidió su cese.

Después de la repercusión que tuvo esta crítica a la instrucción de la corrupción policial, el entonces comisario denunció que existía un ataque organizado contra la Policía Local.

Antes de que realizara estas manifestaciones contra la instrucción, el juez Penalva ya había imputado al comisario Morey, por un presunto delito contra la administración de justicia. El juez denunciaba que a uno de los investigados, que tenía prohibida su entrada en el cuartel de San Fernando, se le permitiera coger una serie de documentos de un archivador. A fecha de hoy, Morey continúa imputado y tiene prohibido acercarse al cuartel.