La detención del expresidente catalán Carles Puigdemont marcó ayer la política de Balears, en especial con el envite de uno de los socios del Pacto, Més per Menorca, que exigió al Govern que preside la socialista Francina Armengol que reclame la "liberación de los presos políticos" catalanes y que "los exiliados puedan regresar". El diputado Nel Martí afirmó que "ya no vale mirar hacia otro lado" ya que "la acción y la inacción en la represión de los derechos políticos van de la mano y frente a esto ningún gobierno legítimo debe callar y menos un Govern de izquierdas como el de Balears".
La postura de Més per Menorca colocó en una delicada situación a Més per Mallorca, socios del PSIB en el Govern. Nel Martí recordó que su partido forma parte del Pacto como firmante de los acuerdos por el cambio junto a Podemos, Més per Mallorca y PSIB. Sin embargo, consideró que este "compromiso" no puede servir "para silenciar la posición menorquinista ante la vulneración de los derechos humanos, civiles y democráticos" contra los líderes independentistas catalanes e insistió en que "el Govern se ha de posicionar". Añadió que Més per Menorca se siente "muy incómodo cuando el Estado, con la complicidad del PSOE, utiliza el artículo 155 de la Constitución para imponer por la fuerza lo que no ha podido conseguir por la vía democrática".
Més per Mallorca esperó a decidir por la tarde a que su Ejecutiva decidiera las fórmulas para sumarse a las movilizaciones. Los ecosoberanistas de Mallorca obviaron la exigencia de los menorquines y acordaron ofrecer su colaboración al presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, para conformar el "frente amplio por la democracia" que propuso. Además, el partido ha escrito misivas a las "principales formaciones políticas democráticas de Alemania, Suiza, Bélgica y Escocia para informarles de la deriva autoritaria del Estado español", según informó tras la reunión de la Ejecutiva.
Por la mañana, antes de las declaraciones de Nel Martí, el hasta hoy portavoz parlamentario de Més per Mallorca, David Abril, dejó clara la "solidaridad" con "los presos políticos" catalanes y ya anunció que el partido se sumaba al "llamamiento por la sensatez" del presidente del Parlamento catalán para hacer "un frente común social y político en defensa de la democracia". Abril resaltó que en una democracia "no se puede meter a la cárcel sin juicio a líderes políticos que ha votado el pueblo", como ocurre con los políticos detenidos catalanes. "Nos estamos jugando la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión", concluyó.
El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, también valoró "el esfuerzo" de Torrent "por intentar acabar con este unilateralismo" por el que parece que parece que "solo los partidos que están a favor del independentismo han de encontrar una solución al conflicto", ya que debe "ampliarse el diálogo a otros partidos". Para Jarabo, "la democracia se está poniendo en peligro" y la estrategia de Rajoy de no abrir ningún tipo de negociación política ha llevado a que "ahora sea el gobierno de los jueces el que esté marcando la agenda política", con una situación en la que "ni los enfrentamientos que se han visto en las calles de Cataluña ni los encarcelamientos arreglarán el problema, al contrario, lo empeoran".
Bel Oliver, portavoz adjunta parlamentaria del PSIB, insistió en que "los problemas políticos exigen soluciones políticas", como han defendido desde el estallido del conflicto catalán los socialistas de Balears con su secretaria general y presidenta del Govern, Francina Armengol, al frente, diferenciándose de la postura de Pedro Sánchez de apoyo al PP en este asunto. Oliver, quien tampoco se refirió a la exigencia de Més per Menorca, resaltó que "cada vez que hay más detenciones y judicialización se enquista la situación, lo que demuestra que ese no es el camino" para solucionar el conflicto catalán. "Ante un problema político de una magnitud enorme se están llevando a cabo unicamente actuaciones judiciales y policiales", dijo la diputada socialista quien criticó la "falta de habilidad política de las dos partes" e insistió en que es necesario "intentar un acuerdo político que permita una salida a este problema grave para los catalanes y para todos los españoles".
Frente a ellos, Marga Prohens, portavoz parlamentaria del PP, afirmó que la detención de Puigdemont demuestra que "nadie está por encima de la Ley, nadie puede burlarla". Prohens criticó que el presidente del Parlament de Cataluña dijera que "ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes" ya que esas palabras significan "cargarse la separación de poderes" y emplazó a "respetar" la Justicia. "El PP cree en la separación de poderes y respetamos las decisiones judiciales, nos gusten o no", declaró.
El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, aprovechó su crítica por la asistencia de la consellera de Cultura, Fanny Tur, a la manifestación del sábado de apoyo a Valtonyc, para considerar que "al igual que pasa con la detención de Puigdemont" se puede considerar una decisión judicial "excesiva e injusta" y "por supuesto se puede manifestar en contra", pero "un representante público debe tener respeto por las sentencias judiciales". En referencia a Tur, sostuvo que "un cargo público no asiste a título personal a nada" y calificó de "grave" que una consellera se sume a un "desafío a la justicia" participando en esta manifestación.
