27 de marzo de 2018
27.03.2018
Sanción

El Consell impone a una mansión ilegal la multa urbanística más alta de su historia

1,4 millones a una obra sin licencia de 1.200 metros cuadrados en suelo rústico de Marratxí

26.03.2018 | 22:55
Entrada de la mansión ilegal en una parcela rústica de Marratxí a la que el Consell ha impuesto la sanción más elevada de su historia.

Las claves

  1. La obra: 1.200 metros cuadrados sin licencia municipal
    La construcción edificada es de dos plantas de 600 metros cuadrados cada una, más piscinas y porches. La mansión fue levantada sin contar con licencia municipal y sin que el proyecto se adecúe a la obra realizada. Está levantada en una parcela de 27.000 metros cuadrados, pero pese a contar con una parcela grande se excede en 600 metros cuadrados la edificabilidad permitida.
     
  2. Multa: Incremento del 10% mensual hasta demoler
    El Consell le aplicará la sanción del tipo coercitivo. Ello supone que si los promotores no proceden a demoler la edificación ilegal se les incrementará la sanción un 10% mensual. En caso de que los promotores no tomen la iniciativa de derribar la construcción irregular de la mansión de Marratxí será el Consell quien restablezca la legalidad y pasará la factura a la propiedad.
     
  3. Expedientes: 19 órdenes de demolición durante 2018
    En lo que llevamos de 2018, el Consell de Mallorca ha ordenado la demolición de hasta diez construcciones ilegales. Todas ellas acabarán con una sanción que puede llegar al cien por cien del valor de la obra. En enero se ordenó derribar ocho obras ilegales, cinco en enero y este mes de marzo fueron seis. La reactivación de la Agencia de Disciplina Urbanística ha incrementado las multas.
     
  4. Sanciones: 1,7 millones de sanciones impuestas en 2016
    Durante el año 2016, el último del cual se tienen las cifras contabilizadas y cerradas, el Consell de Mallorca impuso sanciones a las obras ilegales de la isla por un montante de 1,7 millones de euros. La multa impuesta ayer a la mansión de Marratxí, 1,4 millones, supone que en un solo día el Consell ha recaudado casi el 90% de las sanciones que dictaminó hace dos años.
     
  5. Coercitivas: A 163 infractores se les penalizó por no demoler
    El pasado año el Consell tuvo que poner hasta 163 sanciones coercitivas, lo que supone que estos infractores no procedieron a la demolición de su obra ilegal cuando el Consell se  lo notificó y les aplicó el incremento del 10% mensual. Al final, todas las obras irregulares fueron demolidas por los promotores para evitar pagar más. En base a este concepto se recaudó 951.382 euros.

La Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca acordó ayer imponer una multa de 1,4 millones de euros a los propietarios y a la empresa constructora por edificar una mansión, de 1.200 metros cuadrados, en suelo rústico en el municipio de Marratxí sin licencia municipal y sin que el proyecto coincida con la obra realizada. Es la sanción más elevada que jamás se ha puesto en Mallorca por una infracción urbanística, con el agravante de que si los infractores no efectúan su demolición se le incrementará la multa un 10% mensual.

En realidad el Consell ha impuesto una sanción de 703.000 euros a los propietarios y promotores de la construcción ilegal y otros 703.000 euros a la empresa constructora de la espectacular mansión. Se da la circunstancia de que el Consell lleva casi dos años instruyendo este expediente y notificando a promotores y constructores que legalicen la construcción demoliéndola. Ahora ha concluido el expediente sancionador llegando a la conclusión de que, por el volumen de obra realizado y por la ilegalidad cometida, la multa tipificada es de 1,4 millones de euros.

La sanción es de las llamadas coercitivas, lo que supone que en el caso de que los promotores no procedan a la demolición de la obra ilegal se les aplicará un incremento de la sanción de un 10% mensual. En caso de que acaten la multa y restablezcan la legalidad se les puede rebajar hasta un 80% el montante de la infracción.

Se trata de una casa de grandes dimensiones que, pese a tener una parcela de 27.000 metros cuadrados en suelo rústico, ha construido casi el doble de lo permitido por el Plan Territorial de Mallorca. Se han edificado dos plantas de 600 metros cuadrados, más una piscina y porches. El informe de la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell explica que son obras ilegalizables y, por consiguiente, ordena la inmediata demolición. Hay que tener en cuenta que en suelo rústico hay unos límites de edificabilidad que, pese a contar con una parcela más grande de la mínima permitida para edificar (14.000 metros cuadrados), no se puede exceder de un volumen de ocupación de más de 600 metros cuadrados.

Un dato curioso es que el proyecto de construcción de la mansión está valorado en 938.000 euros, lo que significa que la sanción que le ha impuesto el Consell de Mallorca es mucho más elevada que el presupuesto de la obra ejecutada. Una de las plantas es casi subterránea, por lo que la ilegalidad ha sido difícil de detectar. Los inspectores del Consell han utilizado imágenes del satélite para poder comprobar que la construcción se ha realizado sin los pertinentes permisos.

19 demoliciones en 2018

El Consell de Mallorca, através de la ADU, ha ordenado la demolición de 19 obras ilegales en lo que llevamos de año 2018. Una cifra impensable hace tan solo unos años y que con las nuevas medidas de disciplina urbanística impulsadas por la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, se ha acelerado el acecho a los infractores. Se da la curiosidad de que en todo el año 2016, en 2017 todavía no se ha realizado el cómputo estadístico, el Consell impuso sanciones por valor de 1,7 millones de euros por obras ilegales. Ayer, con una sola multa, casi alcanza el 90% del montante total de sanciones por urbanismo ilegal de hace tan solo dos años. El pasado año se llegaron a imponer 163 multas coercitivas, que son el incremento del 10% mensual hasta proceder a la demolición.

En el caso de que los infractores no procedan a demoler las obras ilegales, es el Consell quien inicia el restablecimiento de la legalidad urbanística de oficio y pasa la factura a la propiedad. Según el departamento de Territorio, las multas coercitivas han provocado que en los últimos años sean los propietarios quienes derriben para no tener que pagar más.

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