El veto que plantean cuatro controladores de Mallorca ha puesto en peligro el pacto global que se estaba negociando con la fiscalía para 82 trabajadores de las torres acusados de sedición por la huelga ilegal y salvaje del puente de la Constitución de 2010. No quieren aceptar las condiciones del acuerdo porque sostienen que son inocentes y, por tanto, no están dispuestos a que en su hoja de servicios aparezca una condena por un delito que entienden que no han cometido.
La postura de estos cuatro imputados ha indignado al resto de compañeros, que afrontan una grave acusación por sedición como consecuencia del caos aéreo provocado en diciembre de 2010, al ir abandonado paulatinamente sus respectivos puestos de trabajo. Esta huelga encubierta, que se desarrolló en todos los aeropuertos del país, obligó al Gobierno a ordenar el cierre del espacio aéreo. Solo operaron vuelos de emergencia y el Ejecutivo tomó la drástica decisión de militarizar este servicio público, una medida que se mantuvo hasta que se normalizó la situación.
La postura firme de estos cuatro controladores está dificultando la negociación que algunos abogados están manteniendo desde hace meses con la fiscalía de Balears. La acusación ha anunciado a los abogados que solo aceptaría un acuerdo que contemple a los 82 controladores que han sido procesados. Si no es así, el pacto no se firmará. Es más, la fiscalía mantendrá la acusación de sedición, sobre todo después de que la Audiencia considerara que se pudo cometer este delito. La sedición se castiga con penas de ingreso en prisión y la automática inhabilitación de los acusados.
En el caso contrario, es decir, que los 82 controladores apoyen el acuerdo, la fiscalía retiraría el delito de sedición y lo sustituiría por el de abandono del puesto de trabajo, que se castiga únicamente con pena de multa. Se trataría del mismo delito por el que se condenará al colectivo de controladores de Madrid, que ya han alcanzado un acuerdo después de pagar una media de mil euros por cada uno de los viajes que se vieron perjudicadosmil euros por cada uno de los viajes que se vieron perjudicados por esta movilización laboral. Los pagos, que alcanzarán los 15 millones de euros, los ha asumido el sindicato USCA.
Estas indemnizaciones económicas también se están pagando a los perjudicados de Balears. De hecho, los viajeros que estaban personados en la causa judicial se han ido retirando del caso, una vez que ya han cobrado el dinero. Han preferido una indemnización inmediata, en vez de correr el riesgo de que, si se celebra el juicio, no lleguen a recibir esta compensación.
El peso de la negociación se está realizando directamente con la fiscalía general del Estado y la está encabezando el abogado José Antonio Choclán, que representa a la mayoría de controladores procesados. El letrado estaba convencido de que el mismo acuerdo que consiguió en Madrid, lo podría aplicar después en Mallorca, a pesar de que en la isla se planteaba el delito de sedición. Sin embargo, Choclán no contaba con el veto que han planteado estos cuatro trabajadores. La reacción que ha tenido el abogado es renunciar a la defensa de estas cuatro personas, decisión que ya ha comunicado al juez Sobrino. El juzgado ha pedido a estos cuatro acusados que nombren cuanto antes a un letrado para que les defienda.
Los otros abogados de Palma que representan a otros controladores están pendientes de los acontecimientos, antes de presentar los escritos de defensa. Todos son partidarios de alcanzar un acuerdo, sobre todo para evitar un macrojuicio que duraría meses, en los que sus clientes se jugarían la posibilidad de terminar en prisión.
Los abogados consultados por este periódico creen que los cuatro controladores cambiarán de opinión y seguirán el mismo camino que el resto de sus compañeros, aunque ello suponga asumir la autoría de un delito.
