El sector del taxi de la isla ahonda en su división acerca de la posibilidad de entrar en el negocio del alquiler de vehículos con chófer estilo Uber o Cabify, aprovechando las 700 licencias VTC con que cuenta la Federación Independiente del Taxi (Fitib) a través de la empresa Balear de Servicios Discrecionales.

Ayer, la Agrupación Empresarial de Autotaxi y Autoturismo de Balears celebró su asamblea general en Algaida, con la participación de unos 250 asistentes. En la reunión, se escenificó el rechazo de este colectivo a cualquier forma de explotación de esas licencias de vehículos con chófer.

El presidente de esta Agrupación, Toni Bauzà, fue muy contundente al asegurar que, llegado el caso, no sólo no participarán en la explotación de ese modelo de negocio, sino que le pondrán "todas las trabas posibles".

Cabe recordar que, en una consulta celebrada entre sus asociados el pasado mes de enero, la Fitib acordó diseñar un proyecto de viabilidad para que el colectivo de taxistas pueda aprovecharse de las 700 autorizaciones de que dispone, en el caso de que, finalmente, empresas como Uber o Cabify entren en la Comunidad adquiriendo las 200 licencias con que cuenta otra compañía, Ares Capital.

Bauzà instó al Govern a presentar un recurso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que esos permisos "queden en suspenso". "Son un despropósito. No hacen falta tantas licencias", sostuvo. El posicionamiento de la Agrupación Empresarial de Autotaxi se suma al que adoptó este mes la asociación de taxis de la part forana, que en su asamblea general rechazó también entrar en este tipo de modelo de negocio.

Gobierno central

Por otra parte, el Gobierno central y la administración autonómica han llegado a un acuerdo sobre el contenido del decreto ley de medidas urgentes en materia de transportes terrestres, que recogía una serie de disposiciones sobre las licencias VTC que la administración central cuestionaba. De esta forma, el Govern desactiva un posible recurso de inconstitucionalidad.

Según explicó a este diario el director general de Movilidad y Transportes del Govern, Jaume Mateu, se ha suprimido una disposición que obligaba a realizar la contratación del servicio "en las oficinas o en los locales de la empresa"; una condición que Madrid consideraba que contravenía el derecho mercantil al no permitir hacer una contratación a distancia.

Asimismo, se ha quitado otro punto que fijaba la prohibición de captar clientela "fuera de las oficinas o de los locales de la empresa".