La fiscal Ángeles Garrido defendió ayer ante el Tribunal Supremo un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres por considerarles "motor de toda la actividad delictiva" del Instituto Nóos. Para el primero solicitó que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años. en un discurso de apenas 20 minutos, repleto

A pesar de que se esperaba que Pascual volviera a recurrir a la excusa de que su cliente era un mero conseguidor para el instituto Nóos, como así indicaba en el recurso, ayer no hizo mención alguna a este argumento. Atacó a la abogacía del Estado, Dolores Ripoll, que pretende una mayor sanción para Urdangarin al aumentar la cuantía tributaria defraudada, y a la abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, que intenta que se declare la inutilidad de los foros que Urdangarin celebró en Balears y, por tanto que devuelva los 2,2 millones de euros que le entregó el Govern de Jaume Matas. El letrado intentó rebatir también el delito de falsedad, por el que el exduque fue condenado, señalando que si bien las reuniones de la empresa Illesport no se celebraron, las actas recogen los acuerdos aprobados y, por ello, nada había que sancionar al cuñado del Rey. Insistió en que no se puede culpar a Urdangarin de no haber justificado los gastos de los foros financiados con dinero público, puesto que se trataba de un acuerdo de patrocinio y no de una subvención.

El abogado solicitó una muestra de valentía a los cinco jueces que decidirán el futuro de Urdangarin, pidiendo que le absuelvan, a pesar de que "la sociedad y varios medios de comunicación ya le han condenado". Asimismo, señaló que si hubo influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por su fundación con la Administración autonómica ésta sería en todo caso "impune por atípica", es decir que no sería delito.

Por su parte, la fiscal Ángeles Garrido acusó a Urdangarin y a su antiguo socio, Diego Torres, de ser "el motor de la actividad delictiva", arrastrando con ello a los funcionarios (políticos) para que cometieran delitos de corrupción. En el segundo turno de palabra, la fiscal rechazó todos los argumentos que habían señalado las defensas para intentar, como mínimo, que los tres principales acusados ingresen en prisión.

Mientras, la Abogacía del Estado solicitó un incremento de la responsabilidad a título lucrativo por el caso Nóos al que fueron condenadas inicialmente por la Audiencia de Palma la Infanta y Ana Tejeiro, esposa de Torres. Ello obligaría a la hermana del Rey a aportar unos 35.000 euros más de los que ya pagó en su día por la responsabilidad civil derivada de la actividad del Instituto sin ánimo de lucro.

Nulidad parcial

Manuel González Peeters, el abogado de Diego Torres (que no estuvo presente en la vista), presumió de las más de 200 sentencias que citó en su recurso de más de 300 folios en los que pide la absolución del directivo de Nóos. El letrado reclama una nulidad parcial del juicio, de tal forma que se vuelva a la fase de los testigos y se llame a declarar al Rey Emérito y al actual jefe del Estado así como a la amiga de don Juan Carlos Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. El abogado se quejó de que el tribunal de la Audiencia de Palma no le hubiera permitido ejercer una defensa completa, solicitando la presencia de estos testigos, para demostrar que su cliente no había cometido delito alguno.

Para defender a Matas habló el abogado Íñigo Ortiz de Urbina, que se sentó junto a su compañero José Zaforteza, que le representó en el juicio que se celebró en la Audiencia de Palma. El abogado centró su defensa en un ataque a la figura del exdirector general de Deportes, Pepote Ballester, por su decisión de acusar al expresident de haberle ordenado que pagara a Urdangarin el dinero pendiente, pese a conocer que no había entregado todos los trabajos acordados. El abogado recordó los beneficios que ha logrado Ballester con este colaboración con el fiscal.