La abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que redacte una nueva sentencia en la que aumente la pena contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres porque la Audiencia de Palma realizó un cálculo erróneo sobre el delito fiscal por el que fueron condenados. La letrada Dolores Ripoll denunció que el tribunal acepto que se descontara unas facturas de la empresa Lobby Comunicación, que entendía que no se podía descontar, por cuanto no formaban parte de la actividad del instituto Nóos, ni tampoco de la empresa Aizoon, propiedad de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. En concreto, el Estado, que representa al Ministerio de Hacienda, aumenta la cuota impagada en 71.000 euros con respecto a los calculos que realizó el tribunal de la Audiencia de Palma, que sí aceptó que se descontaran las facturas de la empresa Looby. En el caso de que el Tribunal Supremo aceptara este argumento de la abogacía del Estado, esta situación afectaría a la Infanta, que vería como la cuota que de impuestos impagados que el reclama Hacienda aumentaría, por su condición de socia de la empresa Aizoon, que comparte con su marido.
La abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, ha pedido también al Tribunal Supremo que modifique el criterio que dictó la sentencia de la Audiencia, en el sentido de que declare que los dos foros que el instituto Nóos organizó en Mallorca, tras el acuerdo que alcanzaron Jaume Matas e Iñaki Urdangarin, no tenían ningún interés público y, por tanto, el marido de la Infanta y su socio, Diego Torres, deben devolver el dinero público que recibieron de Balears. Sobre estos foros, la Audiencia de Palma entendió que sí tuvieron interés y, por ello, descartó que los dos socios de Nóos tuvieran que asumir el coste de la devolución del dinero, 2,2 millones de euros, a la comunidad autónoma. La letrada ha cuestionado la decisión que tomó Jaume Matas al contratar a Iñaki Urdangarin "por ser quien era" y ha criticado que la comunidad autónoma en ningún momento se planteara la posibilidad de exigirle a los gestores de Nóos que justificaran el destino del dinero público que habían dedicado a la organización de los foros turísticos. Recordó que Diego Torres, cuando fue citado por el juez Castro, entregó un montón de facturas, algunas de ellas de los foros celebrados en Valencia, con la intención de que sirvieran para justificar el destino del dinero público. Sin embargo, según la abogacía, como mínimo no han justificado más de 300.000 euros. La abogacía, además de la devolución del dinero, también propone al Tribunal Supremo que aumente las penas para los directivos de Nóos y para el expresident Jaume Matas, todos ellos declarados culpables en la sentencia del caso Nóos. Antes de la abogacía de la comunidad autónima, la fiscalía del Tribunal Supremo, en un informe muy técnico, también ha pedido que se rectifique la sentencia de la Audiencia y se aumenten las penas para los acusados, en especial para Urdangarin y Torres. En el caso del cuñado del Rey, la fiscalía pide que la pena de prisión se aumente hasta los diez años, frente a los seis años que impuso la sentencia de la Audiencia.
