Iñaki Urdangarin deposita su futuro en un informe de poco más de 20 minutos expuesto esta mañana por su abogado, Mario Pascual, para convencer al Tribunal Supremo de que es inocente en todos los delitos por los que la Audiencia de Palma le impuso una condena de seis años de prisión. El abogado solo se refirió a seis de los quince motivos de recurso por el que pretende que se declare nula la sentencia del caso Nóos. En primer lugar, atacó el argumento de la abogacía del Estado, que pretende que se incremente la cuota tributaria impagada y, por tanto, que se aumente también la pena de prisión impuesta a Urdangarin por los dos delitos fiscales por los que fue condenado. Pascual se refirió a la línea argumental que señala que tanto el contribuyente, como el empresario que le paga, son responsables de la responsabilidad tributaria. Citó esta situación para indicar que fue Hacienda la que estableció que su cliente no podía cobrar a través de Aizoon sus servicios en las seis empresas privadas que le contrataron como asesor, ya que estos ingresos se debían tributar a través del impuesto de IRPF. El abogado afirmó que si una sola de estas empresas se hubiera opuesto a esta fórmula de pago, la cuota impagada no alcanzaría el umbral del delito, por lo que no se puede atribuir a su cliente la única responsabilidad de que no se hubieran tributado correctamente estos ingresos. También recordó a los cinco integrantes del tribunal que Hacienda ha planteado diferentes cifras, por lo que no le sorprendía que esta mañana hubiera propuesto otras cifras tributarias.

El abogado también cuestiona que a Urdangarin se le pueda condenar por los contratos que firmó con la empresa Illesport, ya que la defensa entiende que no se trata de una sociedad pública, como establecía la sentencia, sino privada y, por tanto, era legal que se acudiera a la fórmula de patrocinio para poder justificar el dinero entregado al instittuto Nóos para financiar las dos ediciones de los foros turísticos. La defensa insistió otra vez, como ya había realizado en el juicio celebrado en Palma, que los directivos de Nóos no tenían ninguna obligación de justificar el destino del dinero que recibieron, porque no se estableció en el contrato, y quiso que quedara clara la diferencia entre patrocinio y financiación. Sobre esta cuestión, la defensa atacó también la propuesta de la letrada de la comunidad autónoma, que pretende que se declare que los foros de Balears no tuvieron ningún interés público y, por tanto, Urdangarin y Torres deberían devolver los 2,2 millones de euros públicos que recibieron de la comunidad autónoma. El abogado señaló que el Govern pretende ahora enriquecerse y conseguir que los foros le "salgan gratis", por lo que se opone a que se declare que los foros no fueron útiles o no tuvieron una repercusión.

El abogado pidió la absolución de Iñaki Urdangarin, a pesar de que la sociedad y varios medios de comunicación ya le han condenado.