El Defensor del Pueblo considera que algunos apartados de la Ley de Evaluación Ambiental de Balears, que modificaron la Ley de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), han supuesto "un retroceso en el nivel de protección" de la Serra de Tramuntana, sin entrar a valorar si es "patente o no" esa afectación.
En su informe anual, correspondiente a su balance de gestión de 2017, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán hace referencia a dos puntos concretos de la normativa: por un lado, que se permita el acceso a "zonas de exclusión de los espacios naturales para satisfacer finalidades científicas, educativas y de ocio"; y, por el otro, que se garantice el tránsito a pie por caminos y senderos .
"Frágil valor ecológico"
"En principio, ampliar los usos y actividades que pueden desarrollarse en la zona de mayor y más frágil valor ecológico de un espacio natural supone una reducción de la protección dada, aunque sólo sea por el incremento de los impactos derivados de esos nuevos usos o actividades", puede leerse en la memoria anual de la Oficina del Defensor del Pueblo, que recuerda que este tipo de modificaciones normativas deben ir precedidas de "una sólida justificación técnica". Una justificación que, considera, en este caso no se ha producido.
"La Conselleria no ha aportado la justificación objetiva que ponga de manifiesto que la nueva regulación no supone un patente retroceso en el grado de protección alcanzado, en este caso, en la Serra de Tramuntana", argumenta el Defensor.
En este sentido, ha recomendado a la administración autonómica que tome medidas para evitar impactos negativos como consecuencia de la extensión del acceso público a determinados espacios naturales protegidos.
Entre otras cosas, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental permitió dar carpetazo a la declaración de interés autonómico de la construcción del campo de golf de Son Bosc. Asimismo, restringió la celebración de ´party boats´ en la Comunidad.
