En algún momento habrá que calibrar el peso creciente de la figura de Franco en la política nacional. La nostalgia se impone últimamente a la denigración, con el importante escollo de los ciudadanos ejecutados en las cunetas de Porreres y Sant Joan.
En Mallorca no se repitió el fiasco de los restos de García Lorca. Aparecieron los cadáveres de las víctimas del franquismo, con los disparos de ordenanza en su osamenta. El traslado de los hallazgos a la fiscalía iba a certificar que la sombra de Franco es cada vez más alargada. Por fortuna, nadie archiva con el garbo y la presteza de BarTomeu Barceló. En contra de la leyenda negra que se ensaña con el funcionariado, el fiscal general de Balears ha liquidado en menos de un fin de semana 52 asesinatos sustanciados por un forense.
Barceló ha espantado de un plumazo la hipótesis de un reverdecer de los asesinatos franquistas. El Govern buscaba la provocación. Se alineaba con Baltasar Garzón preguntando si Franco sigue vivo, y quién se atrevería hoy a negarlo tajantemente. El fiscal no solo restablece la situación previa a la exhumación. También impide verificar la hipótesis de que los asesinos sean hermanos de las víctimas, no solo en sentido figurado.
La excavación debía circunscribirse a las fosas comunes, sin prolongarse a la exhumación del franquismo. Sería injusto culpar a Barceló por una aplicación desanimada de la Ley de Amnistía. El armazón legal invocado para devolver los cadáveres a sus fosas posee menos solidez que el pacto de la transición, cuando los franquistas cedieron el poder a cambio de que los demócratas entregaran sus principios.
El postfranquismo parecía tan utópico que se pagó demasiado para lograrlo. La renuncia a las pretensiones del Govern debería correr en paralelo a un rechazo a la reivindicación penal de personajes como Carrero, o a la explotación de terrorismos desaparecidos. No preguntar a nadie de dónde viene, solo adónde va. Y tolerar que mienta.
