El Govern acordó ayer personarse como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Inca en las diligencias previas por un presunto delito contra la salud pública por parte de la empresa de distribución de productos refrigerados Miquel Socías Soler S.L., ubicada en el polígono Can Matzarí de Inca. Como desveló DIARIO de MALLORCA, la empresa fue clausurada durante unos días del mes de febrero por haber manipulado, presuntamente, alimentos caducados o próximos a caducar, cambiarles el etiquetado y revenderlos a sus clientes. Una vez subsanadas las deficiencias, la empresa fue autorizada a reanudar su actividad el pasado 23 de febrero.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, recordó ayer que la dirección general de Salud Pública comprobó, tras sucesivas visitas de inspección al establecimiento, presuntas prácticas de alteración de envases, manipulación de fechas de caducidad y manipulación de productos para reelaborarlos y comercializarlos de nuevo.
Una vez interpuesta una denuncia ante el juzgado de guardia de Inca, desde la conselleria de Salud se dieron instrucciones para que la Comunidad Autónoma se personara en las diligencias del procedimiento penal. Ante la "trascendencia de los hechos y el peligro que han generado para la salud pública de la Comunidad Autónoma" la dirección de la Abogacía de la Comunidad "considera necesario ejercer la acusación particular en el procedimiento penal contra las personas que puedan resultar penal o civilmente responsables", según informó ayer el Ejecutivo balear, por lo que el Consell de Govern acordó autorizar a la Abogacía a personarse.
La directora general de Salud Pública, Maria Ramos, firmó el 23 de febrero el fin de la suspensión de la actividad de la empresa, tras la comprobación de que había "subsanado las deficiencias detectadas" y dado pruebas de que tienen un sistema de etiquetado más seguro que puede garantizar la trazabilidad de los productos", según explicó.
