La futura Ley de Memoria Democrática de Balears quedó ayer lista para su aprobación en el pleno del Parlament, después de recibir el visto bueno en comisión gracias al respaldo de los partidos del Pacto a la totalidad del texto y la parcial del resto de los grupos. El PP, que junto con Ciudadanos presentó en su día una enmienda a la totalidad, rebajó ayer sus críticas ante la aceptación de varias de sus enmiendas durante los trabajos en ponencia, pero dejó claro que mantiene su rechazo al núcleo duro de la Ley: las sanciones por el incumplimiento de esta normativa y la parte referida a la tutela democrática en la que se definen los actos que suponen enaltecimiento del franquismo y su simbología.
El popular Juan Manuel Lafuente consideró que la Ley "debería ser de reconocimiento democrático, no de persecución y sanciones a los que defienden ideologías diferentes". No obstante, dio por hecho que el Pacto no aceptaría la supresión de estas multas, por lo que los populares mantendrán también enmiendas para que no se dirijan sólo al enaltecimiento del franquismo sino también al de otras dictaduras.
La socialista Silvia Cano resaltó que las sanciones son un aspecto "fundamental"para que la Ley sea efectiva y resaltó que "el objeto de esta Ley no son otras dictaduras del mundo, sino las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Balears". Añadió que si se aceptara la supresión de las sanciones la Ley quedaría "mutilada" ya que en la práctica no ocurriría nada por no retirar, por ejemplo, la simbología franquista.
La futura Ley contempla multas por no retirar la simbología de la dictadura o por manifestaciones de representantes y funcionarios de la administración autonómica que la enaltezcan de entre 2.001 a 10.000 euros. Por actos vandálicos contra los lugares de memoria democrática las multas oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros.
La Ley que llegará al pleno ha sufrido cambios con el fin de acercar posturas, empezando por su nombre, que será de Memoria y Reconocimiento Democrático. Ayer mismo, en la comisión parlamentaria, los partidos acordaron por unanimidad declarar el 29 de octubre, fecha en la que se celebró en 1977 en Palma la multitudinaria Diada per l'Autonomia, como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en Balears. Inicialmente la fecha prevista era la de 9 de noviembre, coincidiendo con el Día europeo contra el fascismo.
También se han eliminado del texto las menciones que se referían al franquismo y al golpe de Estado de 1936 como fascismo. En este sentido, Cano pidió al PP que intentara acercar más las posturas al igual que los partidos del Pacto han "renunciado a usar el término de dictadura fascista aceptando poner sólo franquismo, que en todo caso para el PSIB es fascismo pero se aceptó para facilitar el consenso".
