La directora general de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Lourdes Aguiló, ha denunciado ante la fiscalía superior 52 asesinatos cometidos en Mallorca durante la Guerra Civil y que no habrían prescrito al considerarse crímenes de guerra.
La denuncia está basada en los informes forenses tras las excavaciones en fosas comunes en los cementerios de Sant Joan y Porreres donde yacían los restos de 52 personas que fueron asesinadas en la represión de los años 1936 y 1937 contra militantes de izquierda o cargos republicanos.
La denuncia se ha formulado en cumplimiento de un acuerdo del Consell de Govern del pasado 23 de febrero, donde se autorizó a la Abogacía de la Comunidad Autónoma "a denunciar ante la fiscalía la comisión de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza inprescriptible y permanente".
El Govern mantiene que en ocho de las nueve fosas del cementerio de Porreres aparecieron los restos de 49 personas con signos de haber sido asesinados mediante disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo; mientras que en Sant Joan se localizaron los esqueletos de otros tres hombres vecinos de Santa Maria que fueron igualmente ejecutados por grupos armados del bando nacional.
La denuncia incluye la identidad de estos 52 mallorquines y añade que en Porreres permanecen otras posibles víctimas de la represión franquista que aún no han sido identificadas.
El escrito de la Abogacía del Govern fundamenta la denuncia en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en principios del Derecho Internacional del Tribunal de Nuremberg, que persiguió los crímenes del régimen nazi en Alemania.
