14 de marzo de 2018
14.03.2018
caso Son Espases

La jueza lleva a juicio a Matas por la construcción de Son Espases

La fiscalía reclama penas que suman cuatro años y medio de cárcel para el expresident por marcar las directrices de la empresa que debía ganar el concurso

14.03.2018 | 02:45
Jaume Matas, Aina Castillo, Sergio Beltrán y Jesús Peinado

Los acusados

  • Jaume Matas: Expresidente del Govern
    La fiscalía reclama una condena de cuatro años y medio de prisión, otros 16 de inhabilitación y una multa de doce meses. La fiscalía Anticorrupción le acusa de dos delitos de prevaricación, otros dos de tráfico de influencias, (uno por la contratación de la empresa Global PM y otro por intentar adjudicar el concurso a OHL), un delito de fraude y otro de malversación de caudales públicos. Esta petición de condena es más elevada que la que han presentado las dos acusaciones particulares.
  • Aina Castillo: Exconsellera de Salud
    Anticorrupción ha tenido en cuenta la colaboración que ha mantenido con la fiscalía desde que se investigaron los hechos. Por este motivo, no se le pide ninguna condena que suponga su ingreso en prisión. Se le acusa también de dos delitos de prevaricación, un delito de fraude a la administración, otro de tráfico de influencias y un cuarto de malversación. Por todos estos delitos se reclaman penas que suman un año y tres mes de prisión, doce años de inhabilitación y cinco meses de multa.
  • Sergio Bertrán: Exdirector de IB-Salut
    Al exdirector general del IB-Salut, una persona de total confianza de Jaume Matas, que estuvo con él en su etapa de ministro, se enfrenta también a cinco delitos. La fiscalía, que también reconoce el hecho de que confesara el amaño de la adjudicación, le imputa dos delitos de prevaricación, uno de fraude, otro de tráfico de influencias y un cuarto de malversación de dinero público. Anticorrupción propone que se le condene a tres años de prisión, ocho de inhabilitación y multa.
  • Jesús Peinado: Ejecutivo de Global PM
    Jesús Peinado será el único de los acusados, ajeno a la administración autonómica, que tendrá que sentarse en el banquillo por su condición de ejecutivo de la empresa global PM Consultores. La fiscalía le acusa de ser autor responsable, como cooperador necesario, de un delito de prevaricacion, otro de fraude a la administración y un tercero de malversación de caudales públicos. Anticorrupción afirma que se amaño el concurso a favor de esta empresa, próxima al PP.
Jaume Matas tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo, para responder esta vez ante un tribunal por el presunto amaño del proyecto para construir el hospital de Son Espases, la  obra pública más importante que  se ha construido hasta ahora en Balears con fondos públicos. La jueza Martina Mora, nueva titular del juzgado número tres de Palma tras la jubilación de José Castro, comunicó ayer su decisión de abrir juicio oral contra las cuatro personas que serían las responsables del supuesto amaño. A Matas le acompañarán en el banquillo la que fue consellera de Sanidad de su Govern, Aina Castillo, el entonces director del IB-Salut, Sergio Bertrán, y el directivo de la empresa Global Consultores, Jesús Peinado.

Esta decisión de la jueza se produce después de que la fiscal Laura Pellón haya presentado su escrito de acusación, en el que resume todo el proceso de adjudicación de la obra pública y las irregularidades que se cometieron. Antes que la fiscalía, las demás acusaciones, ejercidas por la abogacía de la comunidad y el partido Més, también presentaron sus respectivos escritos.

El expresidente, según ha decidido la magistrada, se sentará en el banquillo acusado de seis delitos. Así, se le imputan dos delitos de tráfico de influencias, otros dos de prevaricación, otro de fraude a la administración y uno de malversación de caudales públicos. La fiscalía, por toda esta suma de delitos, solicita que el exministro cumpla una condena de cuatro años y medio de cárcel.

De los mismos delitos tendrá que defenderse la exconsellera de Sanidad, Aina Castillo, pero ella no corre el peligro de ingresar en prisión, ya que la acusación limita su condena a quince meses de cárcel, aunque también reclama multa y doce años de inhabilitación.

En cambio, peor situación debe afrontar el exdirector general del IB-Salut, Sergio Bertrán, que por los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y malversación la fiscalía Anticorrupción le reclama una condena de tres años de prisión, más una pena de multa.

Sobre el cuarto acusado, el representante de Global Consultores, Jesús Peinado, la fiscalía pide que sea condenado a dos años de prisión, ocho de inhabilitación, más el pago de una multa.

Tanto la fiscalía Anticorrupción, como el resto de acusaciones, descartan acusar a Matas de un delito grave de malversación, dado que no se ha apreciado ningún perjuicio económico contra la comunidad autónoma. La acusación de este delito de malversación se limita al contrato, supuestamente amañado, que se otorgó a la empresa Global para que realizara una valoración de los distintos proyectos y empresas que se presentaron para ejecutar la obra, que tenía un presupuesto de casi 800 millones de euros.

Este contrato con Global que, según la acusación, fue amañado por orden de Jaume Matas, se estableció en la cantidad de 29.500 euros, suficiente para que las acusaciones sostengan que se cometió un delito de malversación.

Las acusaciones intentarán demostrar que Jaume Matas dio las órdenes precisas a la consellera Castillo, que a su vez se las transmitió al director general Bertrán, para que se amañara el concurso a favor de la empresa OHL, que presentaba la oferta más elevada.

Sin embargo, el mismo día que se reunía la mesa de contratación para anunciar la empresa que iba a construir el hospital, se publicó en la prensa el nombre del ganador. Ello provocó que Jaume Matas ordenara suspender la reunión y acordó pedir nuevos informes, primero al Consell Consultiu y después al Colegio de Economistas. Finalmente, se rechazó la oferta de OHL y se eligió el proyecto que presentó la empresa FCC, vinculada con el empresario Florentino Pérez, que presentó un presupuesto más reducido.

Cuando el juez Castro y el fiscal Horrach iniciaron esta investigación sospechaban que detrás de la adjudicación del hospital se habría producido el pago de comisiones y se apuntó hacia el presidente de OHL, el empresario Villar Mir. Sin embargo, ninguna prueba se ha demostrado sobre este supuesto cohecho. Por ello, se archiva provisionalmente la acusación contra Villar Mir.

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