La jueza Martina Mora, actual titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha comunicado esta mañana su decisión de sentar en el banquillo de los acusados al expresident del Govern, Jaume Matas, por el caso Son Espases, es decir, por el amaño del concurso de la adjudicación de obra pública construida en Balears.

Matas tendrá que defenderse de dos delitos, como inductor, de prevaricación, así como de fraude a la administración, tráfico de influencias y malversación. Un banquillo que compartirá junto a la exconsellera de Salut, Aina Castillo, el antiguo director general del Ibsalut, Sergio Beltrán y el ejecutivo de la empresa Global Consultores, encargada de valorar las ofertas de los distintos interesados en construir el hospital.

La jueza, al mismo tiempo, decreta el archivo provisional y parcial de las actuaciones iniciadas contra Juan Manuel Villar Mir, presidente del grupo OHL, al no podererse demostrar , como así se sospechaba al principio de la investigación, que pagó comisiones a cambio de la adjudicación. Aunque inicialmente se declaró que su oferta era la más ventajosa y por tanto se lea adjudicó la obra, finalmente Matas decidió suspender la decision al publicarse en la prensa el ganador del concurso. Finalmente la obra la adjudicó al proyecto que presentó la empresa FCC, relacionada con Florentino Pérez, que era más económica que su competidora.

La decisión de llevar al banquillo a los responsables del presunto amaño del concurso se produce una vez ya concluida la investigación y presentados los correspondientes escritos de acusación. Además de la fiscalía, la acusación la ejercerá el Govern, a través de la abogacía de la comunidad autónoma, y el partido político Més. La pena más elevada la reclama Anticorrupción, que pide 4,5 años contra Matas, mientras que el resto de acusaciones particulares reclaman penas inferiores.

Contra el auto de la juez Mora, que sustituyó al juez Castro en la instrucción, no cabe recurso. El juicio se celebrará en la Audiencia de Palma. En cuanto a la responsabilidad civil, la juez acuerda imponer una fianza solidaria de 29.000 euros, como reclamaba la fiscaía. Esta cantidad responde al supuesto perjuicio por elamaño del concurso para valorar las ofertas. No se solicita ninguna indemnización sobre la obra puesto qu no s ha acreditado ningún perjuicio a la comunidad.