Ayer concluyó el periodo de alegaciones de entidades y ciudadanos a la zonificación para regular el alquiler turístico elaborada por el Consell de Mallorca. Unas 30 alegaciones se habían presentado hasta última hora, a falta de contabilizar las que se hayan podido presentar en otras dependencias de la administración. Lo curioso es que las entidades ecologistas, como es el caso de GOB y Terraferida, han coincidido con la patronal del alquiler turístico, APTUR y el PP, pidiendo la retirada de la zonificación. Los ecologistas por desarrollista, la patronal por restrictiva y los populares por "chapuza".

Un total de 20 alegaciones de entidades y de particulares y otras 10 de ayuntamientos fueron contabilizadas ayer. Ariany, Campos, Felanitx, Alcúdia, Lloret, Son servera, Ses Salines, Llucmajor, Fornalutx y Santanyí son las localidades que han alegado contra la zonificación del departamento de Territorio que dirige la consellera insular Mercedes Garrido.

La patronal APTUR recuerda en su escrito de alegaciones que "la declaración de una zona como saturada provoca que sea una zona no apta para la realización de estancias turísticas en viviendas y, por tanto, supone una restricción de los derechos de disposición de los propietarios y de los titulares de derechos sobre ese inmueble". En otro apartado apunta que "legalmente es exigible que la administración justifique adecuadamente por qué se introducen medidas restrictivas de derechos". La patronal recrimina que con la declaración de una zona como saturada provoca que sea una zona no apta para la realización de estancias turísticas en viviendas y, por tanto, supone una restricción de los derechos de los propietarios. "Es exigible que la administración justifique por qué se introducen medidas restrictivas de derechos", apostillan.

Por su parte el PP, califica de "chapuza" la propuesta de delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de Estancias Turísticas Vacacionales (ETV) aprobada inicialmente por la institución insular el pasado 26 de enero y presentó un total de cinco alegaciones al documento reclamando que se retire el mapa de zonificación. La formación entiende que el actual modelo de mapa "no es la vía adecuada para dar solución al impacto de alquiler turístico en Mallorca, además de ser discriminatorio".

El GOB, después de exigir la retirada de la propuesta, al igual que el PP, aseguró que la propuesta de delimitación parte de "un diagnóstico erróneo de la situación actual social, económica y ambiental de Mallorca". Los ecologistan añaden: "Y lo que es más grave, de un análisis de los efectos ambientales que provoca y provocará la sobreexplotación turística del territorio, totalmente insuficiente. En Mallorca, políticamente, no se quiere asumir que hemos llegado al límite de capacidad de carga ambiental del territorio y que esta se ha visto afectada por el crecimiento del alojamiento turístico y por el auge de la mercantilización turística de la vivienda".

Para Terraferida la zonificación apuesta por el desarrollismo: "Avanza hacia la dirección de la política turística de extender la hotelitzación de la vivienda y continuar con el crecimiento de la oferta turística. La delimitación quiere dirigir hacia los núcleos de interior el grueso de las nuevas licencias, y al mismo tiempo satisfacer criterios territoriales, ambientales y sociales".

"Las plazas legales actuales sumadas a las de la bolsa ya superan el techo. Si se reparten las de la bolsa, el total de plazas legales se situará en 438.516, por encima del techo de las 435.707 que declaró el exvicepresidente Biel Barceló el mes de agosto", añaden.