En el día de hoy ha concluido el periodo de alegaciones de entidades y ciudadanos a la zonificación para regular el alquiler turístico elaborada por el Consell de Mallorca. Unas 30 alegaciones se habían presentado hasta última hora, a falta de contabilizar las que se hayan podido presentar en otras dependencias de la administración y que se sumarán a estas 30. Lo curioso del caso es que las entidades ecologistas, como es el caso de GOB y Terraferida, han coincidido con la patronal del alquiler turístico, APTUR, pidiendo la retirada de la zonificación. Los ecologistas por desarrollista y la patronal por excesivamente restrictiva.

Un total de 20 alegaciones de entidades y de particulares y otras 10 de ayuntamientos fueron contabilizadas ayer. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen más tiempo, ya que el plazo empezó a contabilizar para ellos el día que recibieron la notificación del Consell. Ariany, Campos, Felanitx, Alcúdia, Lloret, Son servera, Ses Salines, Llucmajor, Fornalutx y Santanyí son las localidades que han alegado contra el documento de la zonificación elaborado por el departamento de Territorio que dirige la consellera insular Mercedes Garrido.

La patronal APTUR recuerda en su escrito de alegaciones que "la declaración de una zona como saturada provoca que sea una zona no apta para la realización de estancias turísticas en viviendas y, por tanto, supone una restricción de los derechos de disposición de los propietarios y de los titulares de derechos sobre ese inmueble". En otro apartado apunta que "legalmente es exigible que la administración justifique adecuadamente por qué se introducen medidas restrictivas de derechos". La patronal recrimina que con la declaración de una zona como saturada provoca que sea una zona no apta para la realización de estancias turísticas en viviendas y, por tanto, supone una restricción de los derechos de disposición de los propietarios y de los titulares de derechos sobre ese inmueble. Así, legalmente "es exigible que la administración justifique adecuadamente por qué se introducen medidas restrictivas de derechos", apostillan.

Por su parte el PP, califica de "chapuza" la propuesta de delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de Estancias Turísticas Vacacionales (ETV) en viviendas de uso residencial aprobado inicialmente por la institución insular el pasado 26 de enero y ha presentado un total de 5 alegaciones al documento reclamando que se retire el mapa de zonificación. La formación entiende que el actual modelo de mapa "no es la vía adecuada para dar solución al impacto de alquiler turístico en Baleares y en Mallorca ni responde a las necesidades reales de los ciudadanos, además de ser discriminatorio".

El GOB, después de exigir la retirada de la propuesta, al igual que el PP, asegura que la propuesta de delimitación parte de "un diagnóstico erróneo de la situación actual social, económica y ambiental que se vive en Mallorca". Los ecologistan añaden: "Y lo que es más grave, de un análisis de los efectos ambientales que provoca y provocará la sobreexplotación turística del territorio, totalmente insuficiente. El principal problema es que en Mallorca, políticamente, no se quiere asumir que hemos llegado al límite de capacidad de carga ambiental del territorio y que esta se ha visto gravemente afectada por el crecimiento indefinido, promovido y sostenido de la capacidad de alojamiento turística de la isla, agravada además en los últimos años por el auge de la mercantilización turística de la vivienda.

Para Terraferida la zonificación apuesta por el desarrollismo: "Avanza hacia la dirección de la política turística futura, en continuidad con la de los últimos años: extender la hotelitzación de la vivienda y continuar la tendencia de crecimiento de la oferta turística, orientada particularmente hacia las zonas donde de momento ha penetrado menos. De esta forma, la delimitación quiere alcanzar dos objetivos difícilmente compatibles, dirigir hacia los núcleos de interior el grueso de las futuras nuevas licencias turísticas, y al mismo tiempo satisfacer criterios territoriales, ambientales y sociales". Esta entidad ecologista pide al Consell que haga memoria con cifras: "Las plazas legales actuales sumadas a las de la bolsa ya superan el techo declarado por las autoridades turísticas. Si se reparten las plazas de la bolsa, el total de plazas legales se situará en 438.516, por encima del techo de las 435.707 que declaró el ex-conseller de Turismo, Biel Barceló, el mes de agosto.