La diputada socialista, Bel Oliver, declaró ayer por la mañana ante el juez Juan Manuel Sobrino y lo hizo como testigo para aclarar su intervención en el proyecto para comprar el hotel Rocamar, operación en la que se sospecha que el Govern del PP pudo pagar un sobrecoste de mas de 600.000 euros.
La declaración como testigo de Oliver se produjo después de que el exconseller Carlos Delgado apuntara que fue el Govern del Pacte el que propuso comprar el Rocamar, apartando una partida de un millón de euros, y que al hacerse cargo de la conselleria de Turismo asumió el proyecto.
La diputada socialista, que intervino en el tema cuando fue consellera del Consell de Mallorca, explicó que cuando abandonó el cargo todavía no se había presentado la tercera tasación del ruioso hotel, la que elaboró el arquitecto González Nebreda. Aseguró que fue Carlos Delgado el que decidió comprar el hotel y que podía haber renunciado a dicha compra si no lo hubiera visto claro. De hecho, Oliver afirmó que ella no lo hubiera comprado ante la situación que posteriormente se ha descubierto que tenía el edificio.
La representante del PSIB recordó que fue su partido el que cuestionó la operación por el sobrecoste abonado en el Parlament, en su trabajo de oposición, pero que el entonces conseller Delgado no dio ninguna explicación convincente. Ante esta situación se optó por llevar el asunto a la fiscalía.
La diputada autonómica dijo que el Govern debió seguir la recomendación del perito, que establecía que el valor del inmueble era de 971.671 euros, pero que el Govern debía descontar el valor del derrumbe, que fue de 687.000 euros. Por tanto, el perito valoró el edificio en 284.631 euros. Sin embargo, la conselleria rechazó esta valoración y pagó al dueño del hotel los 971.671 euros, abonando después el coste del derrumbe.
Oliver afirmó que en el momento en el que el Govern del Pacte propuso la compra del ruinoso hotel del Port de Sóller no conocía que sobre el edificio pesaba una deuda por un prestamo que había realizado la familia del entonce jefe de la Inspección, lo que motivó que el funcionario fuera uno de los beneficiados por esta operación.
Por su parte, la exconsellera de aturismo, Joana Barceló, que declarócomo testigo a través de videoconferencia, dijo que no recordaba detalles de esta operación.
