Los interrogatorios judiciales del llamado caso Contratos, que implican a cinco políticos del partido político Més, ya tienen fecha. Los antiguos cargos del Govern, nombrados por el partido nacionalista, tendrán que declarar como investigados el próximo mes de abril, para defenderse de la querella que presentó la fiscalía Anticorrupción sobre las contrataciones, impulsadas desde diferentes áreas públicas, de Jaume Garau, el que fue director de la campaña política de Més.

Una vez recibidos los informes policiales y tributarios que se solicitaron para completar la investigación, el juez Enrique Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, comunicó ayer la fecha en la que los denunciados tendrán que comparecer como investigados y, por tanto, asistidos por su abogados. El juez dedicará tres días para tomar declaración a las cinco personas, que han sido denunciadas por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Así, la primera persona que tendrá que declarar ante el juez y la fiscal Ana Lamas es Ruth Mateu, que tuvo que abandonar la conselleria de Transparencia, Cultura y Participación como consecuencia de este escándalo, ya que desde su departamento se aprobaron varios de los contratos concedidos a la empresa de Garau. El juez la ha citado para el próximo día 17 de abril. Ese mismo día también tendrá que declarar como investigado el exdirector general de esta misma Conselleria, Jaume Gomila.

Garau defenderá su inocencia

El tercer alto cargo de Cultura salpicado por este caso es Josep Ramon Cerdà, exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics, a quien el juez ha citado para el próximo día 18 de abril. Ese mismo día también desfilará por el juzgado Jaume Miquel Garau, el director de campaña de Més que después, a través de su empresa, se benefició de varios contratos directos impulsados desde las instituciones políticas gobernadas por este partido. Su declaración se considera clave para el desarrollo de esta investigación. Garau sostendrá que todos los contratos fueron legales, a precio de mercado. El exjefe de campaña obtuvo, a través de estos encargos públicos, unos ingresos económicos de más de 125.000 euros públicos.

La tercera jornada de declaraciones por este caso de corrupción la protagonizará Pere Muñoz, el que fuera gerente de la Agencia de Turismo Balear (ATB), que tuvo que dimitir de su cargo al ser denunciado por la fiscalía. Desde su departamento se fraccionó presuntamente un contrato por valor de unos 80.000 euros, según señalaba la querella presentada por Anticorrupción. Una contratación que tenía por objetivo desarrollar una encuesta sobre la satisfacción turística. Muñoz ha contratado para defenderle al exfiscal Pedro Horrach, que volverá a enfrentarse a sus excompañeros en un caso por corrupción.

Favores

Precisamente, la querella planteada por la fiscalía sostenía que Pere Muñoz "favoreció de manera arbitraria mediante una contratación menor" al exjefe de campaña del partido nacionalista. Y añadía que Garau "influyó de forma suficiente" sobre el exalto cargo de Turismo para que invitara a la sociedad More Tham Research, que fue la que se adjudicó el trabajo de campo para realizar estas encuestas a los turistas que visitaban Balears.

La fiscalía mantiene que ante las cuantías de estos proyectos, el Govern estaba obligado a convocar un concurso. Sin embargo, en el caso de la ATB, dirigida por Muñoz, se recurrió al sistema de fraccionamiento del contrato, un método que está prohibido por la legislación autonómica, según denunció Anticorrupción. Este sistema permitió que un solo proyecto, como era el barómetro de la satisfacción turística, se realizara a través de dos contratos independientes, lo que permitió saltarse la convocatoria de un concurso público. El primer contrato se firmó con la empresa de Garau, por un valor de 21.562 euros. El segundo lo obtuvo la empresa More Tham Research, por 58.000, que también estaría relacionada con el exjefe de campaña de Més. La querella de la fiscalía Anticorrupción resaltaba la "relación personal, profesional y de partido" que habían mantenido Pere Muñoz y Jaume Garau.

El llamado caso Contratos es el primer caso de corrupción que se centra directamente en la gestión de políticos nombrados por Mes para dirigir instituciones públicas. Un escándalo que provocó una cascada de dimisiones, entre ellas la exconsellera Ruth Mateu. Todos los denunciados han defendido públicamente sus decisiones sobre estos contratos.