El Govern tiene prisa por desengancharse de la gasolina y proyecta una Mallorca libre de emisiones a partir de 2035, cuando los tubos de escape serán catalogados como piezas de museo. Esa es la estimable utopía de Marc Pons y Joan Groizard, quienes miran a París desde que empezaron a redactar una ley de cambio climático que gana en ambición a medida que toma cuerpo.
La capital gala prohibirá los vehículos diésel en 2024 y los de gasolina en 2030. Adiós a los ruidosos y contaminantes motores de combustión mucho antes de 2050, fecha tope en la que las emisiones cero deberían ser una realidad en la UE y en varios de los países más contaminantes del mundo.
El parque de coches eléctricos de Francia apenas llega al 2% y el de Balears supera por poco el 1%. Son porcentajes pírricos. Creer que sobre sobre esa base se va a dar la vuelta al modelo energético en tan pocos años es casi un acto de fe, pero en el Consolat existe el convencimiento de que ha llegado el momento.
Quedan por despejar muchas incógnitas sobre una ley que cambiará la vida de los residentes de las islas en muchos aspectos y explicarla por entregas no ayuda. El objetivo que persigue la normativa es impecable, pero librarse de la tiranía del petróleo puede tener implicaciones en la factura de la luz o en el mercado laboral. La letra pequeña también hay que explicarla.
¿Quién no quiere una Mallorca más limpia y saludable? El conseller Marc Pons se lo ha tomado en serio y ha apretado el acelerador, pero llama la atención que sea más fácil sacar de la circulación los coches de gasolina que, por ejemplo, acortar las interminables listas de espera del IBAVI o de Son Espases.
Claro que hay que hacer política de largo recorrido, sobre todo si es para atajar los efectos dañinos del cambio climático. Pero habría sido deseable ver el mismo arrojo a la hora de legislar para solucionar problemas que acucian a los ciudadanos hoy, no en 2030.
