La Fiscalía rebajará las penas de prisión a dos años de cárcel para Mikhaili Rebo y un año y siete meses para Leonid Khazine, dos de los 18 miembros de la mafia rusa Tambovskaya, que se estableció en Mallorca, tras alcanzar con los dos acusados un principio de acuerdo de conformidad en la primera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional. El juicio comenzó ayer con la ausencia de Petrov, el capo de la organización que fue detenido en Calvià y que se encuentra fugado de la Justicia.

A la espera de escuchar el interrogatorio, la Fiscalía pide multa de 1.600.000 euros para Rebo y de 26.000 euros para Khazine, y aprecia en el caso de este último la atenuante de dilaciones indebidas dado que el acusado ha estado a disposición de la Justicia desde su detención en 2008, en el marco de la operación Troika.

Las defensas de los acusados pidieron al tribunal en el primer día dedicado a cuestiones previas la absolución de los miembros de la red, que operaba en España desde 1996, y la nulidad del escrito de acusación alegando que la Fiscalía no concreta sus acusaciones en el mismo y que ha hecho un "corta-pega" del atestado de los investigadores. En respuesta, los fiscales del caso José Grinda y Joan Carrau, sostienen que las actuaciones están concretadas en su escrito de acusación provisional de cerca de 500 páginas y que el hecho de que se les mencione en más o menos ocasiones no implica menor rigor del Ministerio Público. En el caso del expresidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados de la Duma, Vladislav Matusovich Reznik, el fiscal ha respondido a su abogado que para no conocer los hechos ha articulado "un complejo escrito de defensa de más de 45 folios", lo que demuestra que sí sabe de lo que se le está acusando.

Algunas defensas, como la de Juan Antonio Untoria, pidieron la nulidad de la vista ante la ausencia del 'capo' Gennadios Petrov, -sobre el que pesa una orden internacional de detención, y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. En su turno, el fiscal Grinda recordó que no es la primera vez que ocurre y que si se hubiera seguido esa línea, no se hubiera enjuiciado ni a la banda terrorista ETA.

Según la Fiscalía, que ejercía acusación contra 26 personas-- el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol. Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo".

La defensa de Jurij Mihalovic Salikov, quien también vivía en Mallorca, pidió que se declare causa juzgada al haber sido condenado por estos hechos y haber entregado su defendido 27,5 de euros a Hacienda en los ejercicios relativos a 2001, 2002 y 2003, según señaló al arranque del juicio.

En su exposición ante el tribunal, el letrado de Mikhail Rebo pidió que este declare primero debido sus problemas de salud y que se le libre de acudir a juicio si finalmente alcanza acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. La representación procesal de Antonio de Fortuny reclama también su absolución por problemas de salud, que le impedirían prestar una declaración como investigado de calidad, hechos varios a los que no se opone la Fiscalía.

La presidenta del tribunal, Ángeles Barreiro, suspendió la sesión de ayer y comunicará su decisión sobre estas cuestiones previas en la sesión de mañana, cuando está previsto que comience a tomar declaración a los primeros acusados.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, el rendimiento económico que generaban a los acusados tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización. Parte de este dinero se invirtió en Balears.