Ginés Díez, el histórico representante sindicalista de Comisiones Obreras, que fue nombrado vocal de la junta rectora del consorcio que aprobó la sospechosa compra del hotel Rocamar, explicó ayer al juez que se siente engañado, dado que se le ocultó gran parte de la información que había detrás de esta operación financiada con fondos públicos.
El sindicalista tuvo que declarar ayer como investigado en la causa que instruye el juez Sobrino, que sospecha que la conselleria de Turisme pagó un sobrecoste por la compra del ruinoso hotel del Port de Sóller, al rechazar un informe de un experto, que sostenía que del coste de la valoración del edificio, había que descontar el derrumbe. Sin embargo, este consejo del experto fue rechazado por la conselleria de Turisme, que pagó el precio total de la valoración del edificio, abonando después la factura por derrumbar el hotel. Por ello, el juez sospecha que el Govern abonó dos veces dicho derrumbe.
Díez fue uno de los miembros de la junta rectora que estuvo presente en la reunión en la que se aprobó este operación. El entonces conseller Carlos Delgado heredó este proyecto de su antecesora y la compra fue avalada por su departamento. El sindicalista explicó que, tanto él como su compañero Copete, eran partidarios de pagar lo mínimo por este inmueble, debido a su lamentable estado de conservación. Dijo que conocía que se habían realizado tres informes de valoración del edificio, pero que estos documentos no se los facilitaron inicialmente. Lo consiguieron después de solicitarlos por escrito.
El representante sindical reconoció que descubrió muchas de las presuntas irregulares que se cometieron en esta operación a través de las noticias que publicó este periódico, en las que se señalaba que el gran beneficiado por la venta del ruinoso hotel era la familia del jefe de la inspección de la conselleria de Turisme.
Ginés Díez, que solo quiso ayer contestar a las preguntas que le formuló el juez y las dos acusaciones (fiscalía y Govern), destacó en su declaración que no pudo analizar ninguno de los documentos que se manejaban en esta operación. Sin embargo, recordó que el funcionario que dirigía el departamento de arquitectura de la conselleria de Turisme no era partidario de iniciar un expediente de ruina, lo que hubiera ahorrado el coste de la compra, debido a que es un proceso que se suele alargar más de dos años.
El representante de la junta recordó también que después de aparecer las noticias en prensa sobre las sospechas que escondían esta operación, fueron citados a una reunión urgente por el entonces conseller Carlos Delgado. En esta reunión se les exigió un apoyo unánime a los funcionarios que habían firmado el informe definitivo sobre la valoración. Sin embargo, los dos representantes de los sindicatos se mostraron en contra de este apoyo.
Los otros tres integrantes de la junta rectora, que fueron también citados como investigados, declararon que no detectaron ninguna irregularidad en el proceso y señalaron que no consideraron que el precio de la compra fuera caro.
