Carlos Delgado, el exconseller de Turismo, defendió ayer ante el juez que todo el proceso de compra del antiguo hotel Rocamar fue legal. Sostuvo que la decisión se basó en el consejo de los propios funcionarios de la conselleria, que realizaron un informe en el que calcularon el precio del edificio, que se estableció en 970.000 euros y no en un valor inferior, porque no existía una declaración oficial de ruina.

El político que formó parte del Govern del PP compareció ayer ante el juez porque presidía el consorcio de la conselleria de Turismo que impulsó la compra del inmueble del Port de Sóller. Por su condición de investigado, que consideró "lógica porque fue una decisión colegiada", declaró asistido por el abogado Miguel Arbona. Delgado recordó que la compra de este edificio no fue un proceso que iniciara su departamento, sino que fue una decisión que había adoptado el anterior Govern del Pacto. Una compra que, dijo, fue propuesta por Bel Oliver, la política socialista que representaba al Consell de Mallorca presidido por Francina Armengol. "El Pacto había decidido gastarse un millón de euros en este proyecto", sostuvo ayer el exconseller. Obvió al juez que fueron Oliver y Armengol las que posteriormente denunciaron la operación del Rocamar ante la Fiscalía Anticorrupción. Detalló, sin embargo, que al hacerse cargo de Turismo, los funcionarios le informaron de todos los proyectos que había iniciados y se decidió secundar la compra del Rocamar.

Delgado afirmó que fue el Consell bajo la presidencia de Armengol el que decidió que se realizaran tres informes sobre el valor del inmueble y que se trató de "una elección a dedo". Sin embargo, los tres expertos presentaron valoraciones económicas muy distintas entre sí. Una de ellas, realizada por la empresa Tinsa, valoró el inmueble en 4,5 millones de euros. La otra valoración era de 1,5 millones y la tercera, realizada por el arquitecto González Nebreda, planteaba dos posibilidades: si no había declaración de ruina el edificio valía 971.000 euros, pero si existía este requisito burocrático, la cifra se reducía a 198.000 euros. Ante esta situación, según mantiene el exconseller, se decidió por unanimidad realizar un cuarto informe, pero en vez de acudir a una empresa externa, se decidió que lo realizaran los propios funcionarios de la conselleria de Turismo. "Fue una decisión unánime de todos los integrantes de la junta", recordó ayer, que señaló que este encargo recayó sobre tres jefes de departamento de la conselleria.

Para mantener que no se pagó más dinero de lo que correspondía pagar, Delgado aclaró que los funcionarios se guiaron por la valoración más baja, es decir, la que había realizado el experto González Nebreda. Y al comprobarse que no existía ninguna declaración oficial de ruina, se determinó que el precio que debía pagar el Govern para adquirir este edificio abandonado era de 970.000 euros.

Delgado afirmó que no está arrepentido por la decisión que tomó y afirmó que "volvería a hacer lo mismo". Señaló que siempre sus decisiones se guiaron por los consejos de los funcionarios a su cargo, y por ello defendió en todo momento su profesionalidad. "El problema que han tenido muchos políticos es que no han seguido los consejos de los funcionarios, que son los que saben", dijo . "Yo no soy experto en valoraciones sobre inmuebles, no he hecho una valoración en mi vida", indicó el expolítico, que mantuvo que la conclusión que alcanzaron los tres funcionarios, que están imputados, era lógica porque no existía una declaración oficial de ruina y, por tanto, no se le podía exigir al propietario del Rocamar que asumiera a su cargo el precio del derrumbe. Bajo esta teoría, Delgado rechaza, a diferencia de lo que piensa el juez, que el Govern abonara dos veces el coste del derrumbe, basándose precisamente en la inexistencia de este trámite administrativo.

Sin embargo, el exconseller reconoció que no conocía que sobre el Rocamar existía una carga por un dinero que había prestado la familia del jefe de Inspección de Turismo al dueño del Rocamar. "No sabía que el dinero sería para la familia de Ensenyat", señaló.

Delgado, que si bien reconoció que el detalle del interés económico que tenía el jefe de la Inspección "puede sorprender", aseguró que este funcionario no tuvo ninguna intervención en el informe que realizaron los otros tres trabajadores de la conselleria. El exresponsable de esta área del Govern salió en defensa de los tres funcionarios investigados.

También utilizó la ironía para plantear que debía ser Armengol la que debía explicar ante el juez, "y no yo", el proyecto del Rocamar.