El sindicalista Antonio Copete, representante de UGT en el sector de comercio, declaró ayer como testigo para explicar al juez Sobrino cúal fue su intervención en la aprobación de la compra del hotel Rocamar, en el Port de Sóller, ante las sospechas de que el Govern pagó más dinero que el que debió haber abonado para hacerse con el ruinoso edificio. Copete, en representación de UGT, formaba parte como vocal de la Junta Rectora del Consorcio de Alojamientos Turísticos. Esta empresa pública fue la que gestionó y compró el hotel de Sóller, una operación que se aprobó el día 30 de julio de 2012. Copete, en esa reunión, no pudo asistir, por lo que no la aprobó con su voto. Al no haber intervenido en la aprobación, la fiscalía propuso su declaración como testigo, a diferencia de los vocales que sí asistieron y votaron a favor, que los han citado como investigados.
El representante sindical explicó que mostró sus dudas de la operación una vez ya aprobada la compra del Rocamar. Reconoció que todos los integrantes del consorcio estaban conformes en que el Govern comprara ese edificio en ruinas, con la intención de derribarlo, pero que ello no significara que aceptara el precio que se pagó.
Precisamente, la investigación que está dirigiendo el juez Sobrino, del juzgado de instrucción número 1, se centra en las sospechas de que el Govern pagó un sobrecoste por la compra de este hotel. La conselleria de Turismo rechazó un informe elaborado por un técnico externo, que establecía que del valor del edificio había que restarle el precio del derribo, que debía asumirlo el propietario. Sin embargo, el Govern rechazó este informe y pagó al dueño el precio total del valor del inmueble, de casi un millón de euros.
Para justificar la operación, la administración pidió un informe a tres funcionarios de la conselleria de Turismo que establecieron que no se podía considerar que el Rocamar fuera un edificio en ruinas porque no existía una declaración oficial en este sentido. Uno de los funcionarios ha reconocido que hizo el informe sin visitar el estado del antiguo hotel. Al aumentar el precio del valor, el beneficiado de esta decisión fue la familia del que era jefe de la inspección de Turismo, que había prestado dinero al dueño del hotel. La deuda era prácticamente idéntica al precio pagado por el Govern, coincidencia que el juez cree que no fue casual.
Copete, que declaró durante más de una hora, detalló que expresó sus quejas una vez aprobada la operación. Explicó que junto al representante del sindicato CCOO, Ginés Díez (que declarará como investigado), defendían que se pudo pagar mucho menos dinero por la operación, dado que se manejaron hasta tres tasaciones sobre el valor del inmueble, rechazando la que planteaba descontar el precio de la demolición.
Tres tasaciones
Copete explicó a su salida del juzgado que el Consorcio, que presidía Jaime Martínez, no les facilitó las tres tasaciones que se estaban manejando. Esta documentación la consiguió a posteriori, después de que los representantes de los sindicatos lo exigieran por escrito.
Señaló también que el objetivo de la conselleria de Turismo era que todos los integrantes de la junta rectora avalasen los informes técnicos que se manejaban. Sin embargo, apuntó que no eran técnicos, y por ello, no podían avalar dichos informes, sino que su función en la junta era tomar decisiones. Aclaró también, a preguntas de los periodistas, que los informes a los funcionarios se solicitaron una vez ya aprobada la compra del hotel.
Al ser interrogado sobre la figura de Enseñat, el exjefe de la Inspección de Turismo, cuya familia se benefició del dinero que se invirtió en la compra del Rocamar, el testigo afirmó que no conocía a esta persona. Tampoco tuvo conocimiento del beneficio que recibió su familia. El juez también tomó declaración a la representante de Sa Nostra y a la de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, que expresaron que no detectaron ninguna irregularidad.
