El Consell de Mallorca anunció ayer que, pese a las duras críticas del Consell Consultiu, tiene decidido aprobar la tarjeta de descuentos para la Tercera Edad. Así lo explicó el vicepresidente y conseller de Participación Ciudadana, Jesús Jurado, ante sendas interpelaciones de El Pi y del PP en el pleno de ayer. La institución insular decidió paralizar esta tarjeta que pretendía ofrecer a los mayores mallorquines descuentos en comercios y espectáculos de ocio. Lo hizo tras un durísimo dictamen del alto órgano jurídico que incluso ponía en duda si el Consell tenía competencias para ello.
El vicepresidente Jurado aseguró ayer que el dictamen del Consultiu era una cuestión semántica y que, después de solucionar unos pequeños trámites se pondrá en marcha la tarjeta. El alto órgano consultivo, en un dictamen de hace unos meses, consideró que el departamento de Participación Ciudadana, que dirige el vicepresidente Jurado (de Podemos), actuó de forma "arbitraria" y con "incoherencias manifiestas" en la puesta en marcha de la tarjeta y le recriminaba que no consultara al Govern y a los departamentos de Servicios Sociales y Hacienda del propio Consell para su impulso.
Desde el PP, la consellera Catalina Cirer recriminó el "oscurantismo y la falta de información" del Consell en esta cuestión que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.
Por otra parte, la consellera de El Pi, Francisca Mora, criticó a Jurado que se gaste casi medio millón de euros en unos certámenes de la Tercera Edad donde se dan unos bocadillos. "La mayoría de asociaciones hubieran preferido que les facilitaran el dinero y organizar ellos sus actividades. Seguro que nos habría salido mucho más barato", indicó Mora.
Ampliaciones en suelo rústico
El Consell también rechazó permitir la ampliación de casas legales en suelo rústico que no tengan la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados. Una disposición incluida en la nueva Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) y que afecta a unos 7.000 propietarios en Mallorca, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado mes de enero.
El conseller de El Pi, Antoni Amengual, indicó que con esta medida, impulsada por el propio Consell, "muchas personas de nuestra isla pierden derechos en lo que consideramos una medida injusta y que atenta contra la propiedad privada". La moción de El Pi contó con el apoyo del PP y de Ciudadanos, pero la mayoría de izquierdas la rechazó.
La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, cuyo departamento pidió al Govern que incluyera esta disposición en la LUIB, indicó que así se evitará una avalancha de construcción de piscinas en suelo rústico y que después puedan dedicar el inmueble al alquiler turístico.
