Con una salva de aplausos concluyó ayer la reunión de la mesa sectorial de Sanidad que abordaba el espinoso asunto del decreto del catalán en el Servei de Salut y que finalmente fue aprobado con el apoyo de cuatro de los seis sindicatos con representación en este órgano de negociación -sindicato de enfermería (SATSE), técnicos de enfermería (SAE), UGT y CC OO- y el voto en contra del sindicato médico (Simebal) y el CSIF.

Al término de una reunión que se prolongó durante unas tres horas, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, se declaró "contento y satisfecho" con el consenso alcanzado y dispuesto a "comenzar a convocar las oposiciones. Nos alegra que todos los médicos y las enfermeras se puedan presentar a la oferta pública de empleo", añadió.

Al ser preguntado sobre las principales reclamaciones presentadas por las fuerzas sindicales, Fuster señaló que, básicamente, se ha tratado de rectificaciones en el texto legal que los sindicatos consideraban que podían dar lugar a equívocos.

Como por ejemplo que solo se exigirá acreditar el nivel idiomático fijado para cada categoría profesional a los trabajadores que accedan por primera vez a la carrera profesional y no a un empleado que ya tiene reconocido un nivel y opta al siguiente.

Como se recordará, el decreto finalmente aprobado permite presentarse a todo el mundo a las oposiciones que se convocarán en el transcurso de este año y el siguiente sin tener que acreditar ningún nivel de catalán y, para los que se hagan con la plaza pública, se establece una moratoria de dos años para que obtengan el certificado idiomático establecido para cada categoría profesional.

Catalán en horario laboral

En caso de que no lo hagan, el IB-Salut penalizará a estos trabajadores impidiéndoles participar en procesos de movilidad interna en las islas y no permitiéndoles acceder por primera vez a la carrera profesional, complemento salarial que percibe el personal sanitario para recompensar su esfuerzo por formarse.

También el Servei de Salut se ha comprometido, como había sugerido el sindicato UGT, a impartir más cursos de catalán en horario laboral y Fuster añadió que también se diseñará un plan de acogida para las nuevas incorporaciones que no dominen la lengua cooficial de esta comunidad y que se recuperará el servicio de normalización lingüística del IB-Salut que funcionó en los años 2002 y 2003.

El secretario general del sindicato de enfermería (SATSE), Jorge Tera, explicó que su formación sindical ha apoyado el decreto del catalán porque se ha solventado la que para ellos constituía la mayor pega: la exclusión de 3.500 profesionales de enfermería de la posibilidad de presentarse a las próximas oposiciones.

Desbloquear las oposiciones

Tera consideró que la rebaja de la certificación idiomática para su colectivo del B2 al B1 "será un elemento incentivador" para que las enfermeras aprendan el catalán en los dos años establecidos como moratoria. "No es nuestro modelo", recalcó, "pero hemos votado a favor haciendo un ejercicio de responsabilidad para conseguir desbloquear la situación y que se convoquen las oposiciones ", subrayó.

Ramón García, del Simebal, reiteró que han votado en contra porque consideran que el catalán debe ser un mérito y no un requisito y para que se garantice la libre circulación del personal sanitario por el país al tiempo que recordó el déficit de profesionales médicos que padecen las islas que, a su juicio, se verá agravado por este decreto.

Guillem Vila, del CSIF, tras señalar que aplauden el nuevo decreto, justificó su voto en contra en que la rebaja de las exigencias del nuevo texto no afecta al personal de gestión y servicios, que no solo tendrán que acreditar los niveles B1 y B2 para opositar sino que a los dos años tendrán que certificar un nivel más, el B2 y el C1, para equiparse con el resto de funcionarios públicos. "Es un agravio comparativo dado que trabajamos en la misma empresa", estimó.

Por último, Xisca Galmés, secretaria autonómica de los técnicos de enfermería (SAE), dijo que habían votado a favor tras mostrarse comprensivos con la negativa de volver a organizar con las nuevas condiciones unas oposiciones para su colectivo que ya están convocadas y en las que se les exigió el nivel B1 para poder participar. "Nos han dicho que era complicado porque ya estaban convocadas, la gente había pagado la tasas y se podría generar inseguridad jurídica", alegó.