El Govern elimina para los profesionales sanitarios un requisito que deben cumplir a rajatabla otros aspirantes a la función pública. La flagrante discriminación se soterra con un magnánimo margen de dos años, que sitúa la exigencia fuera de la legislatura, lo cual en política equivale a adentrarse en la ciencia-ficción.
El castellano se impone en la sanidad mallorquina, en un claro triunfo de las entidades que plantearon la prohibición del catalán en ese ámbito. El triunfo de la derecha radical incluye a médicos del PSOE como Juli Fuster o el director de Son Espases, que se sirven del antiguo partido de izquierdas para apacentar los intereses de su generación.
El recio Govern de izquierdas y nacionalista castellano no solo perjudica a los profesionales sanitarios que dominan el idioma oficial y propio. Al mismo tiempo, desprecia a los facultativos llegados de fuera y que se esfuerzan en aprender el catalán, con objeto de atender en mejores condiciones a quienes por lo visto tienen la desgracia de expresarse en esa lengua.
Por miedo a una manifestación, el Govern rehúye su responsabilidad. La obligación del ejecutivo no consistía en imponer ni en examinar, sino en ponerse al servicio de los profesionales médicos hasta que adquirieran el nivel deseado. Se dispone de recursos sobrados para ello, la normalización sale tan cara como la salud.
Se acata así la argumentación enternecedora de que Mallorca se pierde a los mejores profesionales por culpa del catalán. Para los médicos que hablan mallorquín, ha de ser estimulante enterarse de que se es mejor médico en castellano. Como bien sentencia Biel Company, "con la sanidad no se juega". Ser mallorquín es un juego, y la relación con el paciente es demasiado seria para degradarla al catalán.
Además, los virtuosos de que Mallorca disponga de los mejores profesionales sanitarios no llevan su altruista convicción al extremo lógico de ceder sus plazas, a profesionales mejor preparados que ellos. Si un médico de alto nivel de Cuenca desea venir a Mallorca, y el catalán no ha de ser un obstáculo, tampoco se debería frenar su incorporación por el hecho de que su plaza ya esté ocupada por alguien con credenciales inferiores. ¿O en este caso hay que conformarse con una medicina de peor calidad, para preservar derechos adquiridos y pagados al mismo precio? Y si el idioma es lo de menos, entonces los nuevos funcionarios tampoco necesitan saber castellano.
Trasladando el razonamiento, ningún mallorquín tiene más derecho a la isla que alguien que pague más por residir en ella. PSOE, Més y Podemos acaban de asestar la puñalada definitiva no solo a la despersonalización insular, sino a la enajenación masiva del territorio a extranjeros. Por supuesto, la expulsión solo afectará a los no funcionarios.
Mientras una juez valiente pone en peligro su carrera por atreverse a escribir las sentencias en catalánuna juez valiente pone en peligro su carrera por atreverse a escribir las sentencias en catalán, los políticos de izquierdas se acobardan. No a la hora de defender su idioma, sino su tierra.
