La delegación del Gobierno en Palma informó ayer de que no es competente, salvo por razones de orden público u otros motivos técnicos, para prohibir la manifestación de protesta convocada para mañana por la tarde en la Plaza de España de Palma contra el juez Manuel Penalva por el letrado Vicente Campaner, al quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó el jueves a dejar de acosar y perturbar al citado magistrado. La Administración Central en Palma añadió que en este caso priman los derechos fundamentales de los convocantes de la manifestación que, al menos en las redes sociales, ha sido impulsada por Campaner.
Según la delegación de Gobierno, la tónica habitual es recibir una comunicación de que se va a celebrar una manifestación, notificación que se traslada a la Policía y a otros técnicos por si hubiese algún tipo de impedimento o riesgo. Si no aparece ningún obstáculo, el acto no es que se autorice formalmente es que se puede celebrar, en aras al derecho fundamental a expresarse o manifestarse libremente.
Campaña de presiones
El CGPJ concedió el jueves, y por unanimidad de los miembros de su comisión permanente, al instructor del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario del mismo apellido, el amparo frente a una larga campaña de presiones y acusaciones sin fundamento en medios de comunicación, redes sociales y manifestaciones callejeras.
Penalva apuntó a varios letrados como implicados en ese acoso. Estos abogados hicieron alegaciones en su descargo ante el CGPJ, que decidió otorgar amparo a Penalva frente a Vicente Campaner, que interpuso una querella contra el magistrado y el fiscal encargado del caso Miguel Ángel Subirán, querella que el Tribunal Superior desestimó tras realizar una serie de pesquisas y comprobaciones.
El CGPJ instó a Campaner al "cese o abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional (de Penalva)".
El Consejo del Poder Judicial no tiene funciones jurisdiccionales por lo que su llamamiento al letrado mallorquín no es una orden que se deba cumplir, so pena de incurrir en un delito de desobediencia.
El amparo puso el acento en la primera manifestación convocada por Campaner contra Penalva y Subirán y para pedir la inmediata detención de ambos. Esa protesta, supuso, en opinión de los vocales del Consejo, una clara y grave injerencia frente a la labor del instructor del caso Cursach.
El CGPJ también acordó informar al Colegio de Abogados de Balears (ICAIB por si procede emprender alguna acción disciplinaria contra Campaner.
Fuentes del ICAIB no quisieron facilitar ayer ninguna información sobre expedientes disciplinarios abiertos contra este joven letrado, porque es una materia secreta, dado que afecta a la intimidad de los colegiados.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears también dio traslado al ICAIB de su auto de desestimación de la querella contra Penalva y Subirán, por si la manifestación convocada por Campaner ante sedes judiciales y contra ambos investigadores pudiese ser constitutiva de una infracción disciplinaria.
