Los dos principales actores institucionales a la hora de componer el enrevesado sudoku del alquiler turístico -el Consell de Mallorca y los ayuntamientos- mantuvieron ayer una reunión para analizar la zonificación provisional aprobada inicialmente por la institución insular. La principal novedad es el cambio de criterio del gobierno de Miquel Ensenyat, que tras la demanda de muchos alcaldes se muestra ahora receptivo a permitir el alquiler turístico en suelo rústico protegido, tras haberlo prohibido.
La cita contó con una nutrida representación del poder municipal de la isla y sirvió para evidenciar que los consistorios consideran mejorable esa primera propuesta. Uno de los puntos que centró ese debate fue la posibilidad de que haya alquiler turístico en suelo rústico protegido (calificación que afecta sobre todo a la Serra de Tramuntana y algunas franjas costeras), algo que no contempla la zonificación inicial.
Así lo explicó al término de la reunión la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, que encabezó la representación del Consell junto al presidente Ensenyat, entre otros altos cargos. Tras recalcar que la zonificación no es un documento cerrado y que están abiertos a las aportaciones de los ayuntamientos, Garrido señaló que trabajarán "para ver si se puede permitir el alquiler vacacional en suelo rústico protegido, y cómo se puede permitir", cuando se desarrolle, en una fase posterior, el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT). La consellera quiso recalcar que las propuestas que hagan los ayuntamientos al documento inicial, que se aceptarán directamente si son más restrictivas, deben hacerse con "sentido común", a fin de no causar desequilibrios a nivel insular.
De esta forma, argumentó, hay que calibrar qué pasaría si un municipio opta por la prohibición total, una circunstancia que podría trasladar toda la "presión" del alquiler a un municipio vecino.
También, agregó, habría efectos, siguiendo esta teoría de los vasos comunicantes, si se dan propuestas para que un núcleo considerado "saturado" deje de serlo y, en consecuencia, no esté sujeto a la restricción de que el alquiler turístico sólo se permita 60 días al año60 días al año.
Garrido expuso estos argumentos cuando los periodistas le preguntaron sobre las quejas expresadas previamente por el alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés (PP), quien cuestionó que núcleos como es Llombards sean considerados saturados por la propuesta inicial del Consell, con las limitaciones a comercializar una vivienda vacacional que ello supone.
El caso de Santanyí
"En es Llombards hay 618 personas que viven todo el año, y apenas hay cinco viviendas vacacionales. Que se le considere un núcleo saturado es incoherente", sostuvo Galmés, quien subrayó el papel dinamizador que ha tenido para la economía de Santanyí el alquiler turístico, sin que este fenómeno, dijo, haya afectado al equilibrio vecinal.
Continuando con su tono crítico, el alcalde de Santanyí arremetió contra el Consell de Mallorca por presentar un documento "ya hecho", en alusión a la propuesta de zonificación. "Demuestran poco diálogo y poca capacidad de consenso", remarcó. Galmés personificó una de las dos líneas en que, a grandes rasgos, se dividen los alcaldes de la isla. En este caso, el dirigente popular representaría la línea de los mandatarios municipales que quieren salir de lo que algunos denominan como "lista negra" de los núcleos saturados. El presidente de la Federación d'Entitats Locals de Balears (FELIB) y alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, comentaba ayer que los municipios con más restricciones habían expresado sus quejas. "Ahora tenemos 30 días para hacer aportaciones", informó.
Un destino maduro
Frente a este posicionamiento, estarían los que no ven con malos ojos el hacer más restrictivo el documento de zonificación del Consell. En declaraciones a los medios, el alcalde socialista de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, consideró "sensata" esa posibilidad, sin entrar aún a definir una postura definitiva al respecto, lo que, dijo, quedará a expensas de las reuniones que mantenga con el restos de grupos políticos municipales.
Recordó que en Calvià ya existen 60.000 plazas turísticas y que varias zonas fueron declaradas "maduras" hace años. Añadió que el Consistorio "tiene la obligación" de defender el derecho a que haya un alquiler residencial asequible durante todo el año frente al fenómeno de la burbuja que se ha dado en las últimas temporadas. En todo caso, también dijo que hay que "dar respuesta" a las necesidades de la economía colaborativa, en referencia al alquiler vacacional.
El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència-El Pi), quien estuvo también presente en la reunión, señaló que lo "problemático" no será tanto la zonificación como el desarrollo del PIAT. Monjo aventuró que, de cara al futuro, la tendencia será a que haya una única zonificación para toda la isla.
