Las asociaciones ALCER, que representa a los enfermos renales y trasplantados de Baleares (que cuenta con más de 700 socios) y ADIBA. la asociación balear de personas con diabetes (más de 1.000 asociados), han hecho público un comunicado “para manifestar que todos nuestros socios (que no olvidemos padecen enfermedades crónicas) están muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística como requisito en la sanidad” pública balear.

“Primero porque hasta ahora las dos asociaciones no han tenido ninguna queja de sus más de 1.700 socios relacionada con la lengua y no ha habido ningún problema en la comunicación y en el trato cálido y humano entre ellos y sus profesionales, teniendo en cuenta que por la naturaleza de las enfermedades que nos aquejan, hay una importantísima continuidad y supervisión ( frecuentes visitas) con los profesionales y que la relación que se establece con ellos tiene un profundo carácter emocional y de apoyo psicológico”, continúa el comunicado.

“Muchos de los profesionales que nos atienden no son catalanoparlantes pero, hasta ahora, esto no ha sido ningún obstáculo ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno”, recalca el texto.

“Sabemos que hay carencias de profesionales y que es muy difícil que las plantillas estén completas y por eso rechazamos que se imponga un requisito que haga todavía más difícil y complicado configurar los servicios como se precisa. Sabemos que las consecuencias van a recaer sobre nosotros y sobre nuestra salud, que las listas de espera se van a alargar y no queremos ver a nuestros profesionales estresados y quemados por la sobrecarga asistencial”, advierte el texto de dos de las asociaciones de pacientes más mayoritarias en esta comunidad autónoma.

“Estamos de acuerdo en la potenciación e integración del catalán de forma progresiva en nuestra sanidad pero rechazamos categóricamente que se haga en forma de un requisito que puede tener gran impacto en la atención que recibimos. Como ciudadanos y usuarios defendemos que el derecho a la salud y a una accesibilidad adecuada a nuestra sanidad pública prevalezcan sobre todo lo demás”, concluye el texto.