La directora general de Salud Pública, Maria Ramos, defiende la actuación de los servicios de Seguridad Alimentaria y de Epidemiología en el caso del brote de hepatitis A detectado en un restaurante de Palma y asegura que no lo cerraron en la primera inspección que se le realizó, el 19 de diciembre, porque las deficiencias halladas "no eran lo suficientemente graves como para cerrarlo".

Este diario intentó ayer infructuosamente recabar la versión del encargado del restaurante afectado, el Can Terra ubicado en la calle 31 de Diciembre.

También pesó en la decisión de permitir que el restaurante siguiera abierto que el empleado que había provocado el brote estaba de baja, no se encontraba trabajando, y el hecho de que en esos momentos solo se habían notificado tres infecciones, las dos iniciales de clientes del local de las que informó un médico de cabecera y la del propio empleado que detectó Salud Pública.

Diez días de plazo

"Las deficiencias no eran tan graves y, además, se les dio diez días de plazo para subsanarlas. Tampoco pudieron acreditar que los empleados tenían formación en manipulación de alimentos, pero también se les dio un margen para que la presentaran y creo que lo hicieron más tarde", explica Ramos, que, en cualquier caso, señala que la decisión la tomó la propia inspectora de Seguridad Alimentaria tras consultar con su superior directo.

En ese momento también se emplazó a la mutua del establecimiento a realizar analíticas y a hacer un seguimiento del resto de los empleados del establecimiento de comidas.

Con el paso del tiempo fueron apareciendo más casos de personas infectadas y eso también influyó en que se decidiera cerrar el establecimiento con posterioridad, el día 10 de enero. "Mantuvimos una reunión uno o dos días antes de esa segunda visita. Ya teníamos 25 casos confirmados, entre ellos tres trabajadores del restaurante, pero la empresa no nos había facilitado información sobre el resto de los empleados. No sabíamos cuántos trabajadores estaban de baja, cuántos estaban protegidos porque ya habían pasado la enfermedad o se habían vacunado con anterioridad y tampoco si a los que no lo estaban se les había puesto la vacuna para evitar el contagio", explica Ramos.

"Por eso, por principio de precaución, se decidió cerrarlo antes de comunicarles que debían proceder a realizar una desinfección total del establecimiento así como a eliminar todos los alimentos precocinados que tuvieran", justifica la directora general la clausura posterior del establecimiento.

Un cierre que se prolongó durante tan solo 9 días, desde el 11 al 19 de este mes. Preguntada también por la premura de la autorización para reabrir el establecimiento, Ramos señala que el día 19 ya se tuvo la certeza de que todos los trabajadores del local ya no podían trasmitir el virus y que las otras medidas habían sido cumplidas.

Falta de vacunas

M.A.R., una de las personas afectadas por este brote, reveló a este diario que se las vió y deseó para conseguir una vacuna contra la hepatitis A para preservar a su pareja y evitar contagiarle.

Inquirida por esta cuestión, Ramos explica que existe un desabastecimiento generalizado de este fármaco por lo que este año el ministerio de Sanidad ha consensuado con todas las CC AA que sean los departamentos de Salud Pública autonómicos los que distribuyan las escasas vacunas disponibles según unos criterios preestablecidos.

"Y disponemos de vacunas para hacer frente a los brotes. Hemos repartido dos en cada centro de salud y puedo asegurar que el problema de desabastecimiento no afecta a los allegados de los brotes", recalca Ramos, que atribuye los problemas de M.A.R. a que se le dio una información errónea. Sin embargo, revela que de los tres casos de infecciones terciarias, uno era la pareja de un trabajador y los otros dos hijos de un cliente afectado.

Concluye la directora general asegurando que se mandaron tres alertas a los servicios sanitarios. La primera el 27 de diciembre para informar del brote, la segunda al día siguiente para recordar a los facultativos las medidas preventivas que debían tomar ante la detección de casos y, la última, el pasado 17 de enero, para hallar a los contactos a los que no se ha aplicado la profilaxis para evitar nuevas infecciones que Ramos no descarta.