El Consell aprobó ayer sólo con los votos de PSIB, Podemos y Més su propuesta de zonificación del alquiler turístico en Mallorca, que establece los núcleos dónde será legal arrendar viviendas a turistas y que está siendo criticada por oposición, ayuntamientos y la patronal del sector, Aptur. Sin embargo, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, avisa que "todavía no hay nada cerrado" y que está "a la espera de las aportaciones de los municipios". "Lo que aprobamos hoy no tiene ningún efecto, es una aprobación inicial y está abierta a cambios", hizo ayer hincapié la consellera.

Durante el debate de aprobación ayer del documento, que ahora estará durante un mes en periodo de alegaciones y que sólo será efectivo cuando se apruebe el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) previsto en el primer semestre del año, Garrido reclamó a "partidos y municipios que hagan aportaciones constructivas". "Si los ayuntamientos nos dan datos más actualizados de los que tenemos se harán las modificaciones necesarias", garantizó la consellera insular.

Con este mensaje, Garrido salió al paso de las críticas de ayuntamientos y partidos que denuncian una zonificación demasiado restrictiva para las nuevas plazas de alquiler turístico. Cabe recordar que la propuesta prohíbe el alquiler a turistas más de dos meses al año en 31 núcleos del interior de la isla, principalmente en la Serra, y en zonas de gran afluencia del litoral como Palmanova, Santa Ponça o el Arenal de Llucmajor. Por contra, se podrán alquilar tanto casas o chalets como pisos en el litoral "no saturado": en el Llevant o el noreste de la isla.

En la misma línea que la consellera insular apuntaron tanto desde PSIB como desde Més. "Esto no es un punto y final. Hay que tener en cuenta todo el camino que se abre", defendió la consellera de Més, Mercé Bujosa, mientras que la socialista Francesca Servera insistió en que "hay un periodo de alegaciones y se escuchará a los municipios". La socialista recordó también que la zonificación sólo afectará las futuras licencias y que "las 40.000 plazas que ya se ofertan no se verán afectadas, igualmente que otras 45.000 en tramitación o las 11.000 pendientes de iniciarse".

La oposición la ve "una chapuza"

Por su parte, PP, Pi y Ciudadanos tildaron la propuesta de "chapuza" y señalaron "incoherencias" en la propuesta: que se prohíba el alquiler turístico en Sóller y Pollença por ser "núcleos saturados" pero que se permita en sus respectivos puertos, que se considere Orient "saturado" o que "quieran facilitar el acceso a la vivienda prohibiendo el alquiler turístico en núcleos como Cala Blava, Son Verí Nou o Bellavista".

Para el portavoz del PP en el Consell, Mauricio Rovira, la zonificación "es profundamente prohibitiva" y con ella "están fastidiando la economía de un montón de familias". "Se trata de una regulación que genera incertidumbre y que prohíbe el alquiler turístico en el interior de la isla, que es donde más beneficios genera", denunció el popular.

En la misma línea, apuntó el conseller del Pi, Antoni Amengual, que explicó que "el alquiler turístico ha revitalizado núcleos de interior y el comercio de proximidad" y que, a su juicio, "la propuesta del Consell apuesta por el turismo de sol y playa y penaliza el resto de oferta" y "va en contra de socializar los beneficios del turismo y de desestacionalizar". "Su documento es una chapuza", espetó el conseller de Ciudadanos, Estanislao Pons, que también enumeró la "activación de la oferta complementaria, de la economía en los municipios de interior o la desestacionalización" como "ventajas" del alquiler turístico.

"Lo que se interpreta de su zonificación es que está más saturado Fornalutx o Ariany que el litoral", acabó sintetizando Rovira.

Otra de las críticas de los partidos de la oposición fue que el objetivo de la zonificación sea facilitar el acceso a la vivienda. "¿De verdad creen que limitando el alquiler turístico en Santanyí, en Ruberts o en el Port des Canonge habrá más oferta de vivienda para los jóvenes", cuestionó en esta línea Antoni Amengual. "Debe haber colas de jóvenes para vivir en Orient", ironizó el conseller del Pi.

"El problema de la vivienda no se soluciona prohibiendo el alquiler turístico en urbanizaciones como Cala Blava, Bellavista o Son Verí Nou", apuntó Rovira del PP, que también manifestó su preocupación por "las limitaciones en suelo rústico que le pedirán sus socios de Podemos". "¿Qué sentido tiene que haya agroturismos pero que uno no pueda alquilar su finca a turistas?", preguntó. "¿Qué política de vivienda han hecho?¿Cuántas viviendas para alquiler social han hecho en los municipios en los que prohíben el alquiler vacacional?", preguntó también Pons de Ciudadanos.

Aptur pide 80.000 plazas

La patronal de alquiler turístico Aptur aprovechó ayer para reclamar que el techo definitivo de plazas de alquiler turístico en Mallorca contemple 80.000 nuevas plazas. En un comunicado, Aptur manifestó su "preocupación" ante las restricciones y recordó que la zonificación "sólo es una parte".

Desde la entidad consideran que el documento aprobado inicialmente "deberá incluir cambios sustanciales para que tenga coherencia", pero que el principal problema radica en la futura aprobación del PIAT, que establecerá el techo definitivo de plazas en la isla. La patronal pide que el plan sea "realista y consciente" de que con el techo actual "la mitad de plazas que se comercializaban vía LAU no podrán regularizarse".