La campaña de desprestigio y ataques personales contra el juez Penalva y el fiscal Subirán ya ha tenido la primera respuesta. La fiscalía de Balears ha decidido presentar una querella criminal por un presunto delito de injurias contra el abogado Vicente Campaner, que ha impulsado la campaña contra los dos funcionarios judiciales y quien ha encabezado las dos manifestaciones callejeras para denunciar graves irregularidades cometidas en la instrucción del llamado caso Cursach. Manifestaciones con la presencia, sobre todo, de trabajadores del empresario encarcelado y de policías locales (o familiares de ellos) que están siendo investigados por graves prácticas corruptas.

La querella, que fue presentada en el juzgado el pasado martes, la ha redactado el teniente fiscal de Balears, Ladislado Roig, que ha decidido actuar contra este abogado, que defendió al empresario en un asunto penitenciario. El escrito no la ha redactado el fiscal superior, porque este mismo letrado también presentó una querella contra Bartomeu Barceló.

Castigo

La fiscalía entiende que no puede quedar sin castigo que un abogado insulte públicamente a un juez o a un fiscal llamándoles, entre otras cosas, delincuentes o corruptos, o acusándoles directamente de haber manipulado pruebas y testigos para perjudicar a los imputados de su investigación. Insultos que se han manifestado tanto por escrito como de forma oral, ya que el abogado ha participado en algún programa de televisión y ha llamado corruptos y delincuentes tanto al juez como al fiscal.

En la querella se ha unido como pruebas los comentarios que el abogado Vicente Campaner ha realizado en las redes sociales, sobre todo a través de Facebook.

El letrado está utilizando esta plataforma para promocionar la campaña que ha encabezado contra los dos instructores de este grave caso de corrupción. También se recogen en el escrito de la fiscalía las frases textuales que el letrado realizó en el programa de televisión para dedicar duros descalificativos personales contra juez y fiscal.

Al tratarse de un presunto delito de injurias cometido contra dos funcionarios, la ley en este caso no exige la previa celebración de un acto de conciliación.

Pendiente de reparto

Ayer la querella estaba pendiente de ser repartida entre los juzgados de instrucción de Palma. Puede recaer en cualquiera de ellos, salvo en el juzgado de instrucción número 12 de Palma, ya que su titular está directamente afectado por los hechos que relata la denuncia que ha redactado el teniente fiscal de Balears. Ladislao Roig reclama en su escrito contra el abogado una cantidad económica en concepto de responsabilidad civil.