20 de enero de 2018
20.01.2018

El Govern aprueba medidas urgentes para agilizar nuevas escuelas y centros de salud

El decreto establece declarar inversión de interés autonómico proyectos como el colegio de Caimari

19.01.2018 | 22:05
Imagen de una cacerolada el pasado año en Caimari exigiendo una escuela nueva.

El Govern aprobó ayer un decreto ley de medidas urgentes para agilizar la construcción o mejora de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de Balears, con medidas como la declaración de inversión de interés autonómico. Con ella, se podrá ejecutar la construcción sin necesidad de licencia de obras o autorización insular o municipal, la calificación del equipamiento para el uso que se determine será automática y, finalizada la obra, el Govern autorizará la primera ocupación. Los requisitos previos para la aprobación de un proyecto de construcción serán, con esta declaración, una información pública de quince días y un informe favorable del Ayuntamiento en otros quince días.

El conseller de Territorio, Marc Pons, explicó tras el Consell de Govern que entre los primeros proyectos que se impulsarán con esta medida se encuentra la nueva escuela de Caimari, los centros de salud de Son Ferriol, Pollença y Nuredduna (Artà) o el nuevo centro terapéutico de menores en Son Llebre (Marratxí).

Además de esta declaración, el decreto contempla medidas para agilizar unas veinte infraestructuras, como la posibilidad de redactar y aprobar el proyecto de un equipamiento sin que se haya formalizado la cesión del terreno. Asimismo, se prevé la habilitación de la conselleria de Salud para desarrollar el plan especial de ordenación de Son Espases.

Junto a ello, se introducen cambios en la regulación autonómica de los vertederos municipales para declararlos como servicio de interés económico general, con el fin de posibilitar ayudas en forma de compensación, y en varios municipios los vertederos vuelven a ser actividad o servicio esencial, entre ellos los de Palma, Manacor, Felanitx e Inca.

Pons, que insistió en que no se podrán ubicar ninguno de estos nuevos equipamientos en suelo rústico protegido, resaltó como motivos que justifican este decreto en que a "la parálisis inversora" durante la crisis económica se une la "lentitud y dificultades de los procedimientos administrativos" que retrasan la ejecución de proyectos necesarios.

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