La trama solo cobraba si se aceptaba la demanda por las falsas intoxicaciones

Así consta en el informe de la Guardia Civil, que en esta investigación descubrió una prueba clave sobre la actuación coordinada los detenidos.

El grupo compuesto por ocho personas, con una mujer al frente, todas ellas de nacionalidad británica, se dedicaba a captar clientes dispuestos a denunciar que habían sufrido una intoxicación alimentaria mientras estuvieron hospedados en el hotel, cuando no era cierto. Si estos turistas aceptaban ser representados por determinados despachos de abogados del Reino Unido, que presentaban demandas en su nombre frente al touroperador, se les aseguraba que las vacaciones les iba a salir gratis gracias a la indemnización que iban a recibir.

Los investigadores descubrieron que el grupo mantenía una fluida comunicación. Contacto que se mantenía a través de un grupo de Whatsapp, que ellos mismos habían denominado "Reclamaciones de vacaciones de Reino Unido Sociedad Limitada". Se ha podido confirmar que en este canal de comunicación participaban seis de los investigados. A través de estos mensajes, que han sido rastreados, se dejaban reflejados los datos sobre los clientes de los hoteles, el detalle del nombre y el apellido, número de contacto, número de personas de la reserva, fecha de salida y, uno de los datos más importantes, en qué momento se debían poner en contacto con ellos para iniciar los trámites de la reclamación. También se añadía otra información, el touroperador con el que habían contratado la instancia en el hotel. Al final de cada mensaje se añadía el nombre de la persona que había realizado la captación del cliente. Ello era para apuntarse la comisión. La organización utilizaba a tiqueteros para captar a estos clientes. Se buscaba siempre un determinado perfil de turista. Debía ser de nacionalidad británica, que había pasado sus vacaciones en un hotel de todo incluido y, sobre todo, que había contratado su estancia a través de un touroperador.

Los abogados británicos nunca presentaban estas reclamaciones ante los hoteles. Lo hacían siempre ante los touroperador, pero después el dinero que se abonaba se descontaba de la factura que debía recibir el hotelero por los servicios que había prestado. Se ha demostrado que los requisitos que exigían estas empresas mayoritarias turísticas para aceptar estas reclamaciones eran mínimos. Únicamente hacía falta que entregaran la factura de la farmacia por la compra de un determinado medicamento, que la propia organización indicaba al cliente. Con esta factura prácticamente se aseguraba la indemnización. A pesar de que la mayoría de investigados se negó a prestar declaración, tanto ante la Guardia Civil como después en el juzgado, se ha determinado la táctica que empleaban estos tiqueteros para captar clientes. Se situaban en la puerta de los hoteles y paraban a los turistas que salían a la calle. Con la excusa de que estaban preparando unas encuestas para conocer su experiencia durante las vacaciones en la isla, después les indicaban la posibilidad de poder reclamar dinero si alegaban que se habían intoxicado con los alimentos que habían consumido en el hotel. Una vez que lograban la confianza del cliente les indicaban la dirección de una farmacia, que previamente habían localizado, indicándoles que debían comprar un determinado medicamento y, lo más importante, debían guardar la factura de la compra.

La organización no pagaba la comisión por cliente captado, sino por indemnización conseguida. Uno de los integrantes de la organización detalló en su declaración que se acordó que cobrarían cien euros por cada reclamación aceptada. La captación de turistas dispuestos a participar en esta trama era relativamente sencilla, como refleja la información que se ha analizado en el canal de información que creó la organización. Una de las investigadas envió un mensaje al grupo indicando que en pocas horas ya tenía nueve casos en manos de los abogados británicos.

Residentes en Mallorca

El informe que ha realizado la Guardia Civil se detalla también que no siempre se captaban a turistas británicos para seguir con la estafa. Se ha documentado el caso de una pareja británica residente en Mallorca, y por tanto con domicilio propio en la isla, que decidió alojarse en un hotel con régimen de todo incluido para presentar después una reclamación económica.

Los investigadores denuncian que los abogados británicos que planteaban estas reclamaciones se quedaban con el 60% de la indemnización que conseguían. El 40% restante quedaba en manos del turista. Sin embargo, el cliente siempre aceptaba estas condiciones ya que, por una parte, el dinero que recibía le cubría de sobra el presupuesto que se había gastado para financiar las vacaciones y, por otra, la minuta de los abogados era gratuita. Al frente de esta organización en Mallorca sitúan a una empresaria británica.