Los despachos de abogados británicos que participaban en la red dedicada a estafar a hoteleros, a través de reclamaciones económicas por falsas intoxicaciones, aseguraban un porcentaje de ganancia de 2.500 euros a cada cliente.
Esta cifra no era más que la mínima parte del dinero que se ingresaba, puesto que el abogado se quedaba con el 60% de la indemnización, mientras que el turista, supuestamente intoxicado, únicamente recibía el 40 por ciento restante. Aún así, el cliente se sentía satisfecho, ya que con este dinero financiaba sus vacaciones en Mallorca y su estancia en un hotel de todo incluido.
Este dato aparece reflejado en los informes que ha elaborado tanto la Guardia Civil como la Policía, que han intervenido en la investigación sobre esta trama masiva que no solo han sufrido los hoteleros de Mallorca, sino también empresarios de otras zonas turísticas.
En el caso de Mallorca, la investigación se inició tras la denuncia inicial del grupo Club Mac Alcúdia, propietario de tres hoteles en Mallorca. La empresa está personada en la causa como acusación particular a través de la letrada Carolina Ruiz.
Los empresarios denunciaron que estaban recibiendo una cascada de reclamaciones de turistas que afirmaban que habían sufrido intoxicaciones alimentarias.
La reclamación se tramitaba a través del touroperador que había contratado las vacaciones. Los turistas, todos ellos británicos, solo necesitaban demostrar la copia de la factura de la farmacia por la compra de un medicamento. En muchos casos, las reclamaciones se producían tres años después de que estos clientes se hubieran hospedado en el hotel, por lo que era imposible al empresario demostrar que estaba mintiendo.
Aunque la reclamación la abonaba el touroperador, al final repercutía sobre el hotelero. Se han denunciado unas pérdidas de casi cuatro millones de libras esterlinas.
Antes de presentar la denuncia, los perjudicados presentaron un informe de una investigación realizada por un detective privado. Así, se demostró que la trama utilizaba a unos tiqueteros que se ponían en contacto con los clientes a las puertas del hotel.
Les indicaban la posibilidad de presentar una reclamación a su vuelta al Reino Unido, pero antes debían comprar un determinado medicamento y guardar el tique de compra. Una vez en su país contactarían con ellos para realizar la reclamación, que consistía en simular una enfermedad gástrica ocasionada por la alimentación que habían tomado en el hotel.
Los investigadores han analizado las páginas web de los despachos de abogados británicos y se ha comprobado que en algunos casos se aseguraba a cada cliente que recibiría una media de 2.500 euros de indemnización por cada reclamación. Este dinero financiaba de sobra las vacaciones. Los abogados aseguraban un 98 por ciento de éxito en cada reclamación, lo que facilitaba la captación de numerosos clientes.
Fue la Guardia Civil la que finalmente actuó contra la trama en Mallorca, deteniendo a los principales responsables, tanto a los que daban las órdenes, como a los tiqueteros que contactaban con los clientes.
Laura Cameron
Los investigadores sitúan a una mujer al frente de la trama. Se trata de Laura Cameron, una mujer británica, residente en Calvià, que se ha dedicado al negocio turístico. A la Guardia Civil le llamó la atención el alto nivel de vida que llevaba esta mujer y se comprobó que era ella quien mantenía el contacto con los despachos de abogados del Reino Unido que tramitaban estas reclamaciones por las falsas intoxicaciones.
La mujer fue detenida el pasado mes de septiembre, junto a otras personas. La Guardia Civil realizó un registro en su domicilio, que compartía con su madre. En la casa se intervinieron casi 46.000 euros en metálico, así como otras 3.470 libras esterlinas. A los investigadores les llamó la atención la alta cifra de dinero en metálico que guardaba en su domicilio. Debido, entre otras cosas, a que la mujer se encontraba en ese momento en avanzado estado de gestación, quedó en libertad tras declarar ante el juez. A fecha de hoy sigue imputada.
Los investigadores también han localizado que la empresa que dirigía esta mujer recibió, al menos, cinco ingresos bancarios procedentes de despachos de abogados del Reino Unido. Los ingresos suman más de 35.000 euros.
Esta investigación la dirige la juez del juzgado de instrucción número 2 de Palma, que ha recogido la información que obtuvo tanto la Guardia Civil como la Policía. La juez ha solicitado ayuda a la policía británica para que colabore en esta investigación, ya que las reclamaciones se planteaban en el Reino Unidos y es allí donde actúan estos despachos de abogados implicados en la trama.
Además de colaborar en la investigación, las autoridades británicas también han actuado. Han denunciado a varios turistas que en su momento decidieron inventarse una falsa intoxicación que permitió financiar su larga estancia de vacaciones en Mallorca. Estos denunciados fueron incluso condenados después de confesar la falsedad de la reclamación.
