El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por UGT contra la denegación de la carrera profesional al personal interino del Govern balear. Si finalmente se produce una sentencia favorable, podría beneficiar a unos 6.500 trabajadores de la Administración autonómica que verían mejoradas sus retribuciones, según pone de relieve el secretario de la federación de empleados públicos de este sindicato en las islas, Miguel Ángel Romero.

La carrera profesional conlleva un aumento salarial para aquellos funcionarios que, con una antigüedad de al menos cinco años, acreditan haber mejorado su formación y superan las pruebas pertinentes. En la escala más baja, como podría ser la de ordenanzas o celadores, puede suponer un plus de 138 euros mensuales, y en la más alta, como médicos o abogados de la Comunitat Autònoma, unos 950 euros por mes.

El Govern se negó en 2015 a aplicar esta bonificación al personal interino de sus Servicios Generales, lo que fue recurrido por UGT y ahora se ha llegado hasta el Supremo.

En opinión de Romero, este rechazo del Ejecutivo balear tiene una explicación muy clara: durante años, alegando la crisis, no se han convocado oposiciones, lo que ha llenado la Administración pública de personal interino. El impacto económico que el pago de este complemento a tanta gente supondría es lo que provoca la citada denegación, según el sindicato.

Desde UGT se considera que las posibilidades de ganar este recurso son altas a la vista de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la sala de lo contencioso-administrativo del propio Tribunal Supremo. Lo que se debe determinar, según se apunta, es si existe o no discriminación a los interinos y personal laboral no fijo, frente a los funcionarios y los indefinidos fijos.

Un aspecto subrayado por Miguel Ángel Romero es el 'efecto dominó' que una sentencia favorable a las tesis del sindicato podría tener. En primer lugar, beneficiaría al centenar de afiliados de UGT que han iniciado esta batalla judicial contra el Govern para que se les reconozca el derecho a la carrera profesional, pero al extenderse esta decisión, alcanzaría también a unos 1.220 interinos y laborales no fijos de Servicios Generales de la Comunitat Autònoma y a casi 5.000 empleados del Ib-Salut. Pero a su vez, eso fijaría criterio para el personal público en idéntica situación de otras autonomías.

Aunque en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ya denegó el recurso de UGT, se señala que la mayoría de tribunales superiores de otros puntos del país han resuelto de forma favorable.