El sindicato de enfermería (SATSE) y el sindicato médico (Simebal) recuerdan con nitidez que en la mesa sectorial del pasado 17 de noviembre la Administración, representada por la dirección general de Recursos Humanos del Servei de Salut y la dirección general de Política Lingüística, expresó su deseo de que la tramitación del decreto que iba a regular el conocimiento del catalán en la sanidad pública fuera "rápido".
Presunta premura que se contradice con el hecho, desvelado ayer en exclusiva por este diario, de que el polémico decreto sobre el catalán ni siquiera haya sido todavía remitido al Consell Consultiu para que emita su dictamen preceptivo, que no vinculante, previo a su aprobación en Consell de Govern, publicación en el BOIB y definitiva entrada en vigor.
"Nos dijeron que iban a tramitar el decreto por la vía de urgencia", recuerda Jorge Tera, secretario general del SATSE, que lamenta asimismo que la ley de Función Pública se promulgó en abril de 2016 y que estaba previsto que el decreto que la desarrollase se aprobara en el plazo de un año, "y dentro de unos meses se cumplirán dos y seguimos sin decreto".
"Mostraron muchas prisas porque querían que la tramitación fuera rápida", corrobora asimismo Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico.
Preguntados por a qué motivos creen que obedece esta ralentización en la tramitación de este decreto, Tera apunta en primer lugar a que les ha facilitado la colocación de algunos jefes de servicio médicos y, en segundo, a que "se trató de una imposición de otro partido y el PSOE, como gestor de la sanidad, comprobó en qué jardín se estaba metiendo por la previsible judicialización del asunto, las movilizaciones y problemas que conllevará en vísperas de una convocatoria electoral".
Lázaro, por su parte, señala como culpable de esta "antología del disparate en gestión sanitaria" a Més y lamenta que se estén generando escenarios de agravios al eximir a jefes de servicio del catalán y no hacerlo con el resto de médicos. "No sacan el decreto porque ahora, cuando están consumiendo realidad sanitaria, se están planteando que el catalán vuelva a ser un mérito y no un requisito", baraja con sorna.
Contrario a estos agravios comparativos también se muestra Joan Pons, representante de CC OO que asegura que esta discriminación ha generado mucho malestar en los hospitales. Por último, Miguel Ángel Romero, de UGT, interpreta que este retraso en la tramitación del decreto obedece a que el Servei de Salut quiere que haya más trabajadores que puedan acreditar el catalán y se puedan presentar a las oposiciones y que por eso está dando tiempo a que se completen los cursos de catalán que imparte.
