13 de enero de 2018
13.01.2018
Política

El Govern exige 212.941 euros al PP por pagar en negro la campaña de 2007

Al día siguiente de que Company tildara a Armengol de "mentirosa compulsiva", el Ejecutivo acuerda pedir la devolución de los fondos más los intereses

13.01.2018 | 02:45
Jaume Matas durante un mitin en la campaña electoral de 2007.
El Govern aprobó ayer la nulidad de la subvención electoral al PP balear de 2007 y exigió a los populares la devolución a las arcas autonómicas de los 153.322,44 euros que la Sindicatura de Comptes calculó que habían cobrado indebidamente, además de otros 59.618,67 euros de intereses, es decir, un total de 212.941 euros. El acuerdo del Consell de Govern se enviará el lunes a la sede nacional del PP en Madrid. Aunque el Consell Consultiu rebajó en su informe la cantidad a devolver por el PP considerablemente,a 7.195 euros, la portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó ayer que el organismo competente fiscalizador en lo que se refiere a las cuantías que deben recibir cada partido es la Sindicatura de Comptes.

Así, Costa resaltó que tanto el Consultiu como la Sindicatura están de acuerdo con la nulidad parcial de la subvención electoral al PP por la campaña de 2007, de acuerdo a "sentencias firmes" respecto a que hubo pagos en negro. La portavoz del Ejecutivo recordó que el Govern aprueba los importes de estas subvenciones electorales a partir del informe de fiscalización de la contabilidad electoral que emite la Sindicatura de Comptes y que, en este caso, se revisó de oficio por "los hechos probados judicialmente" con sentencia firme sobre la comisión de un delito electoral.

En este sentido, incidió en que el informe de la Sindicatura de Comptes concluye que si cuando se concedió la subvención en 2008 hubiera conocido lo que después quedó probado en los tribunales, es decir, que hubo delito electoral, la subvención se hubiera reducido en 153.322,45 euros. El Govern considera que, dado que la cuantía que establece la Sindicatura como subvención a los partidos es vinculante, también lo es la resultante de la revisión


Recurso

El acuerdo del Consell de Govern no es firme y el PP dispone de un mes para interponer un recurso de reposición ante el Ejecutivo balear y de dos meses para recurrir ante el TSJIB. El secretario general del PP, Toni Fuster, anunció ayer mismo que el partido recurrirá la decisión y utilizará todas las vías a su alcance para hacerlo. "Nosotros nos vamos a defender, como no puede ser de otra manera", dijo.

El acuerdo del Consell de Govern se produjo al día siguiente de que el líder del PP balear, Biel Company, calificara a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, de "mentirosa compulsiva" porque ninguna sentencia judicial condena a los populares a devolver ninguna cantidad. Costa criticó ayer duramente a Company por esta actitud al considerar que "ante sentencia firme por delito electoral" el líder popular "opta por sacar pecho de hechos que deberían avergonzar a cualquier partido", cuando lo que debería hacer es pedir "disculpas" a los ciudadanos de las islas y encargarse de que el PP devuelva los fondos cobrados indebidamente.

Informe

El informe de la Sindicatura de Comptes que cuantifica en 153.322,44 euros la cantidad que debía devolver el PP es consecuencia de una proposición no de ley aprobada en el Parlament en marzo de 2016, sobre la financiación ilegal de la campaña electoral de los populares en 2007. En el acuerdo parlamentario, se instaba a este organismo a revisar su informe sobre la contabilidad electoral del PP tras los hechos probados en la sentencia judicial, después de que Fernando Areal, exgerente del partido y cuñado del expresident Jaume Matas, confesara que se había pagado la campaña en negro.

"Lo más responsable por parte del PP sería que devolviera el dinero cobrado indebidamente y que es de los ciudadanos", dijo Costa, quien afirmó que los hechos ocurrieron en "la etapa más triste políticamente de estas islas durante la democracia". Recordó que el lunes empezará el juicio en Valencia "por los mismos hechos", que se produjeron en Balears, por lo que "todo apunta a que había un 'modus operandi' del PP en las Comunidades Autónomas" para pagar en negro las campañas.

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