El juzgado de Palma especializado en reclamaciones contra bancos por diferencias de interpretación en las cláusulas contractuales ha sido este año dotado con un segundo magistrado, para intentar afrontar el aluvión de casos que se esperan, máxime tras las últimas sentencias en las que condenan a las entidades financieras a devolver a los clientes los gastos de constitución de las hipotecas, salvo los impuestos.
La dotación de refuerzos la había solicitado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en dos ocasiones en las últimas semanas.
En un primer momento para tramitar y enjuiciar este tipo de asuntos se designó un juez recién salido de la escuela judicial, Íñigo Ares, en calidad de juez bis de primera instancia 17 de Palma. Pronto se vio que un solo magistrado iba a ser insuficiente para afrontar el alud de demandas contra bancos por cláusulas suelo, gastos de constitución de hipotecas, intereses y otras circunstancias de los contratos que están siendo declaradas abusivas para el consumidor.
Alud de demandas
A mediados de noviembre se habían registrado en el 17 bis, dotado también de secretario y funcionarios, 2.329 demandas desde junio. Las previsiones fueron entonces de que en un año se iban a superar con creces los tres mil casos, cifra que podría quedarse corta si, como vaticinan abogados y asociaciones de consumidores, se disparan las reclamaciones por los gastos de hipoteca. El juzgado de primera instancia 17 siguió tramitando otro tipo de casos civiles.
Desde el TSJB se pidió un segundo juez para el 17 bis y más funcionarios, pero el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que primera instancia 17 asumirá las demandas contra los bancos y Ares seguirá adscrito a él llevando también estos casos. El nuevo juzgado especializado estará exento del resto de causas civiles y sus demandas serán distribuidas entre los otros juzgados de primera instancia no especializados.
Los casos contra bancos por cláusulas contractuales de Manacor e Inca seguirán llevándose en Palma. Esta situación ha provocado las quejas de los abogados porque en Menorca sí se han habilitado juzgados especializados en Maó y Ciutadella, mientras que los consumidores de la Part Forana de Mallorca se ven obligados a pleitear en la capital.
Por otro lado, los jueces de primera instancia de Manacor e Inca ven aliviada su carga de trabajo, mientras que los de Palma la ven incrementada.
Fuentes jurídicas han señalado que el trabajo que va a afrontar primera instancia 17 no reviste, salvo determinados supuestos, una excesiva complejidad. A los bancos se les puede citar telemáticamente, con lo que la tramitación se agiliza y la Audiencia y el Supremo van marcando las pautas a seguir.
Los mismos medios han añadido que en relación a la controversia de si los impuestos de las hipotecas los deben pagar bancos o consumidores, de momento se aplicará la jurisprudencia de la sala quinta de la Audiencia en espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo.
Ares en sus sentencias ya acogía ese criterio, asumido después por la Audiencia, de que el obligado tributario era el comprador. Otros jueces de Balears, no obstante, opinaban que era un gasto que también debían de sufragar los bancos. La carga de trabajo del juzgado especializado de Palma podría aliviarse si los bancos empiezan a allanarse a las demandas sin esperar a la celebración de los juicios.
