"Me siento estafada, engañada y tratada de forma diferente a los demás: en 2009 suscribí un seguro de vida y de invalidez absoluta con la aseguradora de un banco de Algaida que me había hecho un préstamo hipotecario y, pese a ser invidente, no me dieron ni de la hipoteca ni del seguro una copia en acceso audio. Ahora no me quieren abonar una prestación cubierta por la póliza", explica M.A.C.R., una antigua vendedora de la ONCE de esa localidad que quiere poner una pica en Flandes en favor de los más de 700.000 españoles que no pueden leer un papel por su discapacidad visual.
M.A.C., defendida por el letrado Carlos Hernández, tiene claro que no va a desfallecer en favor de su caso particular, pero de rebote en apoyo de todos los invidentes españoles.
El caso ha correspondido a un juzgado de primera instancia de Palma y la demanda se ha formulado contra Vidacaixa de seguros y reaseguros, la aseguradora con la que la exvendedora de cupones suscribió la póliza de vida que en su sucursal bancaria le exigían como garantía adicional a un préstamo hipotecario sobre un solar urbanizable que adquirió ese año.
Incapacidad en 2006
La demandante era una persona muy conocida en la localidad, donde repartió la suerte entre 1998 y 2014. M.A. C. tuvo en esos años un trato diario con el banco y la máxima confianza con sus empleados, dado que en aquella sucursal "recibía los cupones, liquidaba los ingresos y se pagaban los premios".
"Yo por entonces no veía ya bien y por eso era vendedora de la ONCE. En febrero del 2006 la Seguridad Social me reconoció la incapacidad permanente absoluta, pero pude compatibilizar la pensión con la venta de cupones", añade la mujer.
"En el banco sabían de mi invalidez porque cobraba allí la pensión y mis problemas de visión eran evidentes. Siempre se portaron muy bien conmigo y nunca faltó un euro de los cupones . En 2009 quise pedir un préstamo personal para comprar un solar, porque ya tenía una primera hipoteca. Me dijeron que había problemas y me explicaron que se podían reunificar las dos hipotecas. Algo que al final no pasó. Después, me advirtieron de que había otros problemas y que era necesario contratar un seguro de vida e invalidez para que mis hijos no tuvieran que pagar nada en caso de una desgracia. Les dije que yo ya era inválida y me aseguraron que eso no era un obstáculo y que el seguro era para cubrir un agravamiento de mis dolencias".
La demandante mantiene que le informaron verbalmente de la cobertura de la póliza (muerte e incapacidad absoluta), "pero no me dieron copia en soporte audio y me fíe de ellos". La entonces empleada de la ONCE mantiene que tampoco recuerda haber firmado el contrato de hipoteca, al que no pudo acceder por sus serias dificultades visuales.
Pierde la vista
En los años siguientes la vecina de Algaida fue sufriendo un agravamiento de su discapacidad visual, hasta que septiembre del 2014 un juzgado de lo social declaró su incapacidad permanente absoluta, con imposibilidad también de seguir en la Organización de Ciegos.
Semanas después, M.A.C. pidió a su seguro que le compensara por su póliza de invalidez absoluta permanente. La respuesta del banco y de su aseguradora fue negativa porque ese riesgo no estaba cubierto.
La misma posición mantuvieron el martes en la vista oral los empleados y el abogado de la empresa. Según los testigos la cliente entendió mal la cobertura y en ningún momento se habló del riesgo de invalidez total.
M.A. C. dice acordarse perfectamente de que cuando le mencionaron la incapacidad total cubierta por la póliza dijo: "quita ese gafe, que yo ya tengo bastantes incapacidades".
Ahora la antigua vecina de Algaida reclama al seguro cien mil euros que le corresponderían como indemnización por la incapacidad. La aseguradora se opone a ese pago y tildó en la vista la reclamación de temeraria y falta de fundamento, lo que indignó y dolió a M.A.C.
De forma subsidiaria, la demanda plantea una petición inédita: que la Justicia, en aplicación de la legislación española e internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, se obligue a bancos y aseguradoras a facilitar a los invidentes los documentos en braille o soporte permanente audiovisual.
La demanda también argumenta que el Seguro pudo hacer publicidad engañosa sobre las coberturas de la póliza.
