El Consultiu frena al Govern y rebaja a 7.195€ la reclamación electoral al PP

El Consultiu argumenta en su dictamen que el PP solo debe devolver el dinero correspondiente a la campaña autonómica, no la municipal. La reclamación del Govern se basa en varias sentencias judiciales que condenaron al PP de Matas por delito electoral por pagar 71.958 euros en negro a una empresa publicitaria, más el transporte y la edición de folletos para los municipios y el Consell d'Eivissa y Formentera. Una operación que emana del caso Scala, también conocido como caso Colacao, donde el entonces conseller de Comercio del PP Josep Joan Cardona utilizó organismos públicos para editar y trasladar a Eivissa la propaganda electoral del partido. En el caso de los 71.958 pagados en negro ya fue condenado el entonces gerentes del PP y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal. Por la propaganda editada y enviada a Eivissa se condenó a Cardona y la que fuera gerente del Instituto de Desarrollo Industrial (IDI) Antonia Ordinas.

El Govern del Pacto, en concreto, lo que pretendía era anular la subvención electoral que le fue otorgada al PP por el Consell de Govern en base a la representación institucional obtenida en los comicios de 2007. La reclamación del Ejecutivo de Francina Armengol se sustentaba en los informes de la Sindicatura de Cuentas que a la vez reflejaban las sentencias judiciales.

Para la anulación de un acto administrativo es preciso que el Govern solicite un dictamen del Consell Consultiu. Si bien este dictamen no es vinculante, pero si que es preceptivo y el Ejecutivo tendría muy difícil adoptar una resolución que no vaya en la línea del alto órgano jurídico.

No obstante, el Consultiu solo estima la anulación de una parte del acuerdo del Consell de Govern, ya que considera que la subvención al PP estaba bien otorgada. Utiliza el argumento jurídico de que en base del Tribunal de Cuentas solo se puede reclamar el 10% de la cuantía pagada de forma indebida por el PP.

El Govern también incluía en estos 153.322 euros que reclama al PP el hecho de que se había pasado del límite de gasto electoral. Argumento que también desmonta el Consultiu alegando que el límite establecido se debe aplicar a cada persona física o jurídica y, en el caso de los 71.958 euros que los tribunales han sentenciado que el PP pagó en negro, el Consultiu "desconoce su procedencia y, por consiguiente no se puede determinar de cuantas personas físicas o jurídicas estamos hablando".

En cualquier caso, el Consultiu sí que da la razón al Govern en que la reclamación está bien argumentada jurídicamente. El dilema del Ejecutivo de Francina Armengol es saber qué cantidad le puede reclamar al PP. En este caso, fuentes del Govern apuntaron que pondrán en manos de la Sindicatura de Cuentas el dictamen del Consell Consultiu para que decida sobre la cuantía a reclamar: los 153.322 euros iniciales o los 7.195 que apunta el órgano jurídico.

Votos particulares

El dictamen está avalado por seis juristas y tres votaron en contra, más una abstención. Los de la mayoría de izquierdas avalaron el informe del Consultiu y se registró una abstención por incompatibilidad.

El voto particular de los tres juristas del ala conservadora, José Argüelles, Marta Vidal y Felio Bauzá, discrepa que la reclamación efectuada por el Govern al PP se base en la infracción penal. Aseguran que el PP estaba legitimado para pedirla y la "subvención habría sido la misma al margen de las sentencias judicial".

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