Abogados y asociaciones de consumidores de Baleares prevén un aluvión de demandas tras la sentencia de la Audiencia que obliga a los bancos a costear los gastos de constitución de las hipotecas, salvo los impuestos, que deben pagar los particulares. De forma paralela la Asociación La Defensa de Usuarios y Consumidores de Baleares, a través de su presidente, Bernat Ferrer, insistió en que las entidades financieras deben pagar también los impuestos por la formalización de hipotecas y especialmente el de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales.
El abogado Gregorio San José, que representa en estos asuntos a un colectivo de policías locales, explica que la sentencia de la Audiencia ha dejado meridianamente claro que los gastos de notaría, registrales y gestorías corresponden a las entidades financieras.
San José ya tenía sentencias a su favor del juzgado de primera instancia 17 bis de Palma, especializado en reclamaciones contra los bancos por cláusulas contractuales abusivas. En estas resoluciones el juez Ínigo Ares reconocía el derecho de los particulares de recuperar todos los gastos de constitución de las hipotecas, pero no los impuestos.
La sección quinta de la Audiencia de Palma ha dictaminado que el sujeto tributario en estas operaciones es el consumidor (prestatario) y él debe pagar los impuestos, que suelen ser la parte de león de los gastos.
San José explica que algunos bancos están cambiando de estrategia en este tipo de reclamaciones judiciales tras la jurisprudencia de la Audiencia. "He interpuesto nuevas demandas y en una, al día siguiente de su formulación, el banco ya consignó las cantidades por los tres conceptos".
Las entidades crediticias no quieren pagar intereses de demora a los clientes, ni tampoco abonar costas judiciales.
San José afirma haber oído que un importante bufete madrileño especializado en derechos de los consumidores piensa interponer 500 demandas de golpe en Palma contra bancos
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Otro jurista experto en la materia es Andrés Buades de Armenteras, que representó al matrimonio al que la Audiencia dio parcialmente la razón respecto a los gastos frente al Banco de Sabadell. Buades asegura que el año pasado su bufete interpuso más de cien demandas por cláusulas abusivas contra bancos y prevé que este año esa cifra pueda ser superior tras el fallo de la Audiencia.
El abogado indica que sus clientes han decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo para reclamar la parte de los impuestos que la Audiencia no incluye entre las obligaciones del banco, porque es poca cuantía y no compensa la casación.
San José aclara que las demandas se pueden interponer por hipotecas ya devueltas, préstamos muertos, o por operaciones todavía vivas.
Desde la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros-Adicae, se remarca que la sentencia es muy importante, porque, de momento, todas las reclamaciones de clientes que ellos han formulado ante los bancos previas a la vía judicial han quedado en vía muerta.
"Los bancos no se estaban allanando ante las reclamaciones y por eso estábamos a punto de iniciar en Balears la fase judicial", explica un portavoz de Adicae desde Barcelona.
Según esta fuente, algunas entidades ofrecían un arreglo extrajudicial que consistía en abonar 500 euros al particular, a cambio de que éste renunciase a la vía judicial.
Por su parte, Bernat Ferrer, presidente de La Defensa, una asociación en favor de los consumidores fundada en 1984 por la desaparecida Rosa Bueno, muestra su alegría parcial por la sentencia y su perplejidad porque la Audiencia no incluya los impuestos. "Todo se deriva de una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Bruselas que reconoció los derechos de los consumidores en esta materia y los tribunales españoles deben acatar esa doctrina", explica.
