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Corrupción

Una nueva acusación complica un pacto en el caso Peaje

El sindicato CGT de Balears se persona para ejercer la acción popular contra los doce encausados

Antoni Pascual en los juzgados de Vía Alemania. Guillem Bosch

La personación, en calidad de acusación popular, del sindicato CGT Balears dificultará la materialización de un pacto que evite el juicio en el caso Peaje, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la autopista a Manacor. De forma paralela, las partes negocian un pacto que haga innecesaria la celebración del juicio oral contra los trece acusados. La principal dificultad para el acuerdo es quién paga 20 millones de indemnización que reclama el Consell.

CGT ha decidido personarse, a través del abogado Francisco Pérez, cuando el caso está en fase de ser remitido a la Audiencia de Palma para que se señale el juicio oral, que tendrá lugar ante un jurado popular. Por ahora, queda pendiente la celebración en el juzgado de instrucción 5 de Palma de una vistilla final contemplada en la Ley del Jurado.

La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca reclama sendas penas de 7 años de cárcel para Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, la cúpula del departamento de Carreteras en 2004, cuando la institución era gobernada por Unió Mallorquina (UM). Según el Consell, estos acusados, unidos a los responsables de la UTE que construyó la autovía y a empresarios de esa vía, desviaron casi 20 millones de euros públicos y causaron a la entidad otro perjuicio de unos 42 millones de euros por los sobrecostes en las obras y el mantenimiento.

Además de los jefes del departamento de Carreteras del Consell, se encuentra acusado Gabriel Mestre, funcionario y celador de obras del desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. El Consell solicita para Mestre una condena de 5 años de prisión.

Por parte de la UTE se sentarán en el banquillo de los acusados Jaime Mascaró, gerente de la concesionaria (Pamasa); José Javier Navarro, jefe de producción; y Jerónimo Gutiérrez de Rave, jefe de obra.

Las condenas que se piden para estos tres son iguales a las de los altos cargos políticos: siete años de privación de libertad.

Obras particulares

En un segundo escalón se hallan empresarios que fueron subcontratados por la UTE y que sobornaron a los funcionarios haciéndoles gratis trabajos en sus fincas y casas particulares, obras que luego facturaban al Consell. También hay hosteleros de la carretera de Manacor acusados de pagar sobornos a la cúpula de carreteras con dinero, fiestas o comidas multitudinarias.

Para estos encausados -Pedro Miguel Riera; Sebastià y Bartolomé Cloquell y Guillermo Garí- se solicitan condenas de 1 año y 11 meses, que, en principio, no conllevarían el ingreso en prisión en caso de sentencias desfavorables.

Por último, restan dos implicados más, Carlos Calafat y Mónica Florit, a los que se imputa el colaborar con la presunta trama. Para ellos se proponen penas de 1 año y 11 meses y 1 año y 6 meses, respectivamente.

Los hechos que juzgará el tribunal popular son muy complejos y variados. Según la acusación particular, Aguiar, Orejudo y Mestre se lucraron con fondos públicos de muy diversas maneras: consiguiendo obras gratis en sus propiedades.

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