La fiscalía de la Audiencia Nacional reclama 12 años de cárcel para Virginia López Negrete, la abogada que ejerció la acusación popular en el caso Nóos y que pidió la condena por delitos fiscales contra la infanta Cristina. Según el fiscal José Perals, Negrete colaboró con el secretario general del pseudo sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, y el máximo dirigente de la asociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda, en el intento de extorsión de tres millones de euros a dos entidades bancarias y al entorno de doña Cristina para retirar la acusación contra ésta.

Negrete en su día se desvinculó de estos hechos y aseguró que Bernad le había engañado y había actuado a sus espaldas. Perals mantiene, por el contrario, que la abogada de Valladolid facilitó información sobre el caso Nóos a Bernad, que este utilizó en su intento de lucrarse con la retirada de la acusación a la hermana del rey Felipe VI.

La letrada también fue acusada en relación a este caso de participar en una asamblea de accionistas del BBVA donde se aireó una supuesta connivencia de un alto empleado del banco con el caso Nóos. Esta acción formaría parte de una campaña para extorsionar a la entidad financiera.

Once acusados

La fiscalía acusa a un total de 11 personas en esta causa y reclama para Luis Pineda casi 119 años de prisión y para Bernad 25 años. Ambos habrían formado parte, durante años, de una presunta trama de extorsiones a bancos con amenazas de hacerles campañas en contra por parte de Ausbanc si no pagaban elevadas sumas.

Miguel Bernad habría propuesto a la Fundación La Caixa, donde trabaja desde hace años la infanta Cristina, un pago de dos millones de euros para solucionar el problema y conseguir que doña Cristina quedara exculpada sin necesidad de sentarse en el banquillo, según el fiscal. Pineda habría subido después la mordida a tres millones de euros.

Los dos bancos extorsionados y la defensa de doña Cristina se opusieron a pagar cantidad alguna por la retirada de la acusación. El fiscal narra que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa,, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.

Ante la falta de contestación, Pineda retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la Infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado "hasta los tres", refiriéndose a tres millones de euros. Negrete habría sido conocedora de esa extorsión.