El caso Andratx se cerró ayer, tras más de once años de travesía con la condena de la exarquitecto municipal Isabel Seguí y la absolución de Jaume Massot, exdirector general de Urbanismo en un Govern de Jaume Matas y antiguo factotum del urbanismo en dicha localidad. La causa, según explicó el fiscal anticorrupción Juan Carrau, ha finalizado con unas treinta sentencias condenatorias por un rosario de delitos.
Ayer, según comentaron magistrados de la Audiencia de Palma, que inauguró las condenas contra esa trama de corrupción urbanística, se cerró un ciclo. Ya no quedan más piezas separadas pendientes de juicio, nadie está en prisión por este sumario y la última condenada deberá presentar un plan para abonar los 3.600 euros de multa que le fueron impuestos por un delito de prevaricación urbanística cometido por negligencia profesional y con la atenuante de dilaciones indebidas del proceso. La causa se dividió en 72 piezas separadas, el grueso de las cuales se ha sobreseído por falta de pruebas o por cambios en la normativa urbanística de Andratx que convirtieron en solares urbanizables las parcelas protegidas donde en su día se levantaron edificaciones ilegales.
En once años se han producido once demoliciones de construcciones ilegales y queda pendiente el derribo de varios edificios de viviendas plurifamiliares levantas con la licencia.
