La principal secuela inmobiliaria de la crisis en Mallorca es la pérdida de dominio sobre la vivienda habitual. Uno de cada tres residentes ocupa una casa ajena, una inversión de la tónica habitual en la isla que se ha acelerado en la última década. Ahora mismo, Balears es la comunidad española con menos vivienda en propiedad, a diez puntos de la media estatal con un 67 frente a un 77 por ciento de hogares habitados por sus dueños en el conjunto del Estado. Así se desprende de un boletín especial del Observatorio de vivienda y suelo, que acaba de editar el ministerio de Fomento. Estos datos corresponden al año pasado, y todos los indicadores apuntan a que la desposesión de los mallorquines se ha acentuado en 2017.
Obligados a alquilar por haber perdido la propiedad de sus viviendas, la situación de los residentes se agrava porque Mallorca también encabeza la clasificación de los alquileres más caros, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Con diez euros por metro cuadrado durante el tercer trimestre de este año y la inflación galopante de los arrendamientos, se sitúa en el rango de la media en la capital del Estado, que encabeza el escalafón según los datos recogidos de los portales inmobiliarios más frecuentados. El parque de viviendas a ocupar supera las 85 mil en toda la comunidad, en buena parte construidas durante el último cuarto de siglo.
Los porcentajes de dos cifras de incremento anual en los precios de los alquileres mallorquines demuestran que no se ha tocado techo. Por si sirve de alivio, Palma no es la ciudad más cara de la comunidad. Este dudoso honor le corresponde a Eivissa capital, con 1.400 euros por un piso de cien metros y un escalofriante incremento anual del 40 por ciento, sin parangón en las ciudades españolas. En cuanto a la capital de la comunidad, es la octava ciudad española por población, pero la cuarta por número de inmuebles en el mercado de arrendamientos, con más de 33 mil.
Máximo histórico
Las malas noticias para el número creciente de inquilinos, aunque excelentes para sus caseros, se proyectan al dato de que Balears es una de las dos únicas regiones en que se han superado los precios de alquiler previos a la crisis, creada precisamente por una burbuja inmobiliaria. Siempre según las tablas del ministerio, Mallorca está ya un 1,4 por ciento sobre los valores más altos de la última década. Solo Cataluña se ha sobrepuesto también al colapso, con un 1,3. Autonomías como la Comunidad Valenciana están todavía en niveles un veinte por ciento inferiores a los máximos alcanzados en la última etapa de vacas gordas.
Mallorca se había distinguido como una zona proverbial de la vivienda en propiedad, que se considera un factor de arraigo en un territorio y de estabilidad social. La proporción de un tercio de no propietarios encajaría con los patrones de otros países de la UE, aunque la isla figura ya entre los países con menos dueños de la vivienda ocupada. La situación se complica además porque ciudadanos europeos compiten, en condiciones económicas ventajosas, por la planta en alquiler. Los desahucios por impago no desentonan de la media estatal, pero se ha difundido el desalojo soterrado que consiste en imponer un alquiler en consonancia con un mercado en ebullición, pero que el afectado no puede permitirse.
Cesión gratuita
Los centenares de miles de mallorquines que viven en casa ajena se dividen en dos compartimentos estancos. El alquiler puro supera ampliamente la media estatal, y ha crecido ampliamente desde antes de la crisis. Sin embargo, prolifera sobre todo la cesión gratuita de la vivienda, habitualmente entre familiares y con el predominio clásico de la transmisión no hereditaria de padres a hijos. Esta figura, que en la mayoría de ocasiones presupone la incapacidad económica del beneficiario para emanciparse, ha aumentado en un 145 por ciento desde 2004, año de bonanza previo al gran estallido.
Es decir, lleva camino de triplicarse la cifra de mallorquines que no poseen ni arriendan la vivienda que ocupan. Los pactos familiares no se reflejan documentalmente en la abrumadora mayoría de los casos. Alcanzan la proporción de un ocho por ciento de los hogares, superior a la media estatal. La incidencia elevada y creciente de la "cesión gratuita" o precario guarda relación con los salarios depauperados, y es difícil de compatibilizar con una región rica.
