PSIB y PP unen sus votos a favor de la medida que beneficia a Matutes

El ayuntamiento de Sant Josep había pedido que la Ley de Urbanismo introdujera esta excepción para el caso de Eivissa, consistente en que aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable pero que estén ya consolidados al haberse edificado en más del 90 por ciento de su superficie puedan clasificarse como suelo urbano cuando se revise el planeamiento general del municipio. De este modo se faculta al Ayuntamiento de Sant Josep a que los citados terrenos sean urbanos.

El PP había presentado una enmienda 'in voce' a la segunda parte de la polémica disposición transitoria, centrada en este caso en una excepción para Vila. Este punto establece que a las revisiones de planes en la isla de Eivissa que se encuentren en tramitación y ya hayan pasado la aprobación inicial se les podrá aplicar la Ley que aprobó el Govern del PP en la pasada legislatura, conocida como Ley Company en lugar de las limitaciones de la normativa aprobada ayer. Es decir, se trataba de salvar con la legislación del Ejecutivo popular el nuevo PGOU de Vila para convertir en urbanos los terrenos de la barriada de Cas Mut.

Los populares pedían que esta excepción se aplicara a todos los municipios, y no sólo a los de Eivissa. De este modo, consideraban que por ejemplo Andratx podría salvar la urbanización de Biniorella. Sin embargo, el portavoz de Més per Mallorca, David Abril, rechazó admitir la 'enmienda in voce' del PP, por lo que no se votó. La excepción para Vila se aprobó también con el respaldo del PSIB y el PP y el voto en contra de Podemos y Més.

Críticas y defensa

Alberto Jarabo, portavoz de Podemos, emplazó de manera especial al conseller de Territorio, Marc Pons, a "convencer" al PSIB para que retirara la polémica disposición transitoria para la Platja d'en Bossa. "Es grave, se trata de urbanismo a la carta que favorece a determinados intereses. Señor Pons, no hay riqueza inocente", dijo sin éxito al conseller. Pons no intervino en el debate, aunque a la salida del pleno calificó la nueva Ley de "muy buena y muy proteccionista".

Fue Damià Borràs el encargado de defender la postura del PSIB y sostuvo que la nueva Ley "afronta dramas urbanísticos que nunca deberían haberse producido, como el de Sant Josep". El diputado socialista insistió en que la disposición transitoria que beneficia a Matutes lo que hace es "facultar al Ayuntamiento, no obligarlo, a dar la solución menos mala y poner orden en una zona que ya está edificada en el 90 por ciento".

Otra de las enmiendas que se aceptó para introducir excepciones fue la presentada por Silvia Tur, de Gent per Formentera, que en este caso sí obtuvo el respaldo de todos los partidos del Pacto. En ella se exceptúa a Formentera de los criterios restrictivos en lo que se refiere a núcleos rurales, ya que sólo cuenta con uno que coincide con Ca Marí, la principal zona turística de la isla. Con la Ley aprobada ayer, los hoteles construidos en la zona volverían a quedar afectados por los cien metros de dominio público de la costa, según explicó Tur. Con su enmienda, en Formentera seguirá aplicándose el Plan Territorial Insular (PTI) de la isla de 2010, que según resaltó la diputada "ya no permite más crecimiento y es muy restrictivo".

La disposición que favorece a los negocios de la familia Matutes fue introducida por el PSIB durante el debate en comisión de la Ley de Urbanismo y ya entonces Més y Podemos se abstuvieron al no quedar claro qué era lo que quedaría beneficiado. Con ella, será posible legalizar varios hoteles de Matutes en Platja d'en Bossa, como Grand Palladium, Hard Rock y Ushuaia, además de la discoteca Hï o el parque Aguamar.

Este asunto ha provocado una fisura entre los socios del Pacto, que ayer todos relativizaron destacando su respaldo al conjunto de la Ley de Urbanismo y poniendo de relieve los aspectos que consideran más positivos de la nueva normativa. Entre ellos, PSIB, Més y Podemos destacan que se refuerza la disciplina urbanística, agiliza los planeamientos y obliga a destinar más suelo a vivienda pública, además de establecer que las construcciones ilegales en suelo rústico que se edifiquen desde la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero del próximo año no prescribirán, por lo que podrán ser demolidas siempre. Además, se endurecen las sanciones con multas que pueden llegar hasta el 300 por ciento del valor de una obra ilegal en suelo rústico.

Desde el PP la visión es muy diferente. "Estamos ante una nueva Ley a la balear del Pacto, es decir, una mala Ley que no quedará más remedio que modificar en el futuro", advirtió la popular Antònia Perelló. No obstante, los populares sostienen que buena parte del nuevo texto son artículos iguales a la Ley Company. En la votación, el PP votó a favor o se abstuvo en varios artículos, aunque rechazó buena parte de la nueva Ley.

Policías locales

El pleno acabó con la aprobación de la modificación de la Ley de coordinación de policías localesmodificación de la Ley de coordinación de policías locales, que no presentaba problemas para salir adelante hasta que Més per Menorca presentó una enmienda que estuvo a punto de hacerla peligrar ante el rechazo del Govern. Las negociaciones del Pacto retrasaron considerablemente el inicio del debate, hasta que al final Més per Menorca retiró la enmienda.

La modificación de la ley tiene como gran objetivo solucionar el elevado nivel de interinos en los cuerpos de policía local de las islas, para lo cual plantea la convocatoria de oposiciones. En la actualidad, unos 550 de un total de 2.600 policías locales de Balears son interinos. La enmienda de Més per Menorca, según explicó su portavoz, Nel Martí, apostaba por el sistema de concurso oposición con el fin de que para acceder a las nuevas plazas se valoraran cuestiones como méritos, antigüedad o formación. Desde el Govern se argumentaba que esto ya se solucionó con el decreto aprobado en enero. Més per Menorca optó por retirar la enmienda, a pesar de que el respaldo de PP, Ciudadanos y el Pi garantizaba su aprobación.

A primera hora de la mañana un centenar de agentes de la Asociación de Policías Locales Interinos se había manifestado frente al Parlament en contra de la reforma de la normativa autonómica ya que, según explicó el portavoz de la plataforma, Toni Ramírez, con el cambio cualquier persona, una vez que supere los procesos selectivos, pasará a tener una plaza fija. Eso significa, según resaltó, que ellos deberán hacer las oposiciones "desde cero" a pesar de estar ya titulados y de haber superado los períodos de formación.

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, afirmó que entendía la queja, pero que el Govern estaba obligado a convocar un concurso-oposición ya que realizar solo un concurso para ser funcionarios sería una "ilegalidad".