05 de diciembre de 2017
05.12.2017
Consell de Mallorca

Grandes terratenientes de Mallorca se movilizan contra la Ley de Caminos

La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas y Asaja la consideran "inconstitucional por atentar contra la propiedad privada" y quieren sacar los tractores

05.12.2017 | 09:27
Espeja y Garrido, las conselleras de Medio Ambiente y de Territorio, registrando la ley junto al presidente del Parlament, Balti Picornell.
Los grandes terratenientes de Mallorca ya se han puesto a trabajar contra la Ley de Caminos impulsada por Podemos y el PSOE en el Consell de Mallorca y que consideran que "atenta contra la propiedad privada". La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Mallorca que preside Fernando Fortuny, entidad que engloba a los dueños de la mayor parte de fincas importantes de la isla, está preparando una reunión en los próximos días para decidir las movilizaciones a emprender contra la polémica norma.

"Es evidente que algo tenemos que hacer con esta ley, de lo contrario puede significar el fin de las propiedades de la Serra de Tramuntana", aseveró Fortuny. En esta reunión, Fortuny confirmó que se expondrá la situación jurídica y se hablará de movilizaciones con los tractores en Palma.

Desde la asociación agraria Asaja que gestiona Joan Simonet están en la misma línea. Creen que "va en contra de la propiedad privada y supone un serio contratiempo para la actividad agraria y ganadera".

Estas dos entidades, con fuerte peso en el sector agrario de Mallorca, expresan su preocupación por artículos de la ley como la declaración de rutas de interés excursionista que permitirá a los ayuntamientos o al Consell promover la expropiación de terrenos. Asimismo, se podrá declarar una franja de tres metros como utilidad pública donde no se podrá realizar ninguna actividad.

Desde Asaja muestran su preocupación por el hecho de la prohibición de circular vehículos en algunos caminos, lo que provocará no poder acceder con los tractores para su labranza. Felio Bauzá, abogado de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, explicó que hay "un artículo que puede sembrar el caos, ya que premiará con hasta el doble de las costas judiciales al que denuncie que se ha vallado un camino público y los tribunales le den la razón". Bauzá añadió que se trata de una ley "muy intervencionista" que atenta "contra la propiedad privada". En este sentido, el representante de los grandes propietarios aseveró: "La Constitución reconoce en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada y el ordenamiento jurídico ya distingue desde antiguo entre lo privado y lo público. Esta ley resulta del todo incompatible con el régimen vigente, ya que define como públicas las vías de comunicación terrestre de cualquier tipología, dominio y uso público".

Tanto desde Asaja como de la Asociación de Propietarios de Fincas confían en que se declare la "inconstitucionalidad" de la Ley de Caminos, ya sea por parte del Estado o bien por parte de la Justicia ordinaria que lo eleve al Tribunal Constitucional. Esta última posibilidad es la que apuntó Felio Bauzá, recordando que desde el momento en que se produzca una primera expropiación acabará en los tribunales y se podrá pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Caminos.

"Cercena los usos agrícolas"

Las dos entidades aseguran que al permitir "indiscriminadamente el libre tránsito en suelo rústico hace inviable el uso agrícola, ganadero, forestal o cinegético, ya que la presencia masiva de viandantes por el campo impide los usos tradicionales de la agricultura". Ante esta situación, los agricultores y propietarios están dispuestos a impedir que se llegue a aprobar y se ponga en marcha esta Ley de Caminos. En este sentido, Fernando Fortuny aseguró que la reunión que están organizando de los propietarios afectados pondrá sobre la mesa las medidas a tomar para "hacer frente a una ley que es un atentado económico, a la propiedad privada y que significará el fin de la Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO".

Por otra parte, ayer las conselleras insulares de Medio Ambiente, Sandra Espeja; y la de Territorio, Mercedes Garrido, presentaron ante el Parlament la norma para iniciar su tramitación. La ha redactado el Consell, pero al ser una ley debe ser aprobada por la Cámara. "Esperamos que el Parlament pueda tramitarla pronto para facilitar la recuperación de caminos públicos", indicó Espeja. Garrido afirmó que el Consell "da un paso más adelante con una ley importante para la isla".

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